La queja fue radicada por el abogado y político Juan Carlos Portilla.
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El presidente Gustavo Petro fue denunciado ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por el abogado y político Juan Carlos Portilla. La queja, radicada en Bogotá, solicita investigar seis posibles delitos: falsedad en documento, fraude procesal, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, interés indebido en la celebración de contratos y otros presuntos hechos asociados.
El eje del escrito es el acta número 23482 de la Notaría 39 de Bogotá, donde, según el denunciante, se deja constancia de que Petro y Verónica Alcocer están separados desde hace años y sin vínculos patrimoniales, pese a que en múltiples eventos oficiales ella habría actuado como primera dama y, afirma, habría gestionado recursos públicos. La denuncia pide verificar la veracidad del instrumento y posibles derivaciones patrimoniales y contractuales.
Portilla relaciona al menos cuatro hitos entre 2024 y 2025 para sostener que “la separación” no sería consistente con la función pública ejercida por Alcocer. Señala apariciones y tareas en agenda protocolaria y de cooperación internacional. También plantea revisar si hubo participación de fundaciones o terceros presuntamente cercanos a la campaña de 2022 en iniciativas financiadas con dineros públicos.
La Comisión de Acusaciones, órgano competente para indagar al jefe de Estado, deberá repartir el expediente a un representante investigador, quien definirá si hay mérito para abrir indagación previa, solicitar pruebas o archivar. En casos formales, los expedientes pueden pasar a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema o a la Comisión de Acusación para eventual acusación política, dependiendo del curso constitucional.
El documento notarial 23482, de acuerdo con la denuncia, sería la pieza central: allí se consignaría la separación de hecho y ausencia de sociedad patrimonial vigente entre Petro y Alcocer. Portilla cuestiona su alcance a la luz de actuaciones públicas recientes y pide compulsar copias para verificar su validez y circunstancias de expedición.
El escrito también pide examinar si se configuraron delitos como fraude procesal por un eventual uso de documento “no ajustado”o interés indebido en contratación, si se comprobara que decisiones administrativas favorecieron a particulares con relación política o personal. Sobre enriquecimiento ilícito, solicita trazar la ruta de flujos hacia fundaciones o proyectos de cooperación.
En paralelo, medios nacionales han recogido pronunciamientos públicos del propio presidente sobre su separación personal, un elemento que el denunciante usa para sustentar el “hecho notorio” y pedir contrastes con el rol institucional de la primera dama. La prensa registró además reacciones políticas divididas y la solicitud de garantías procesales para no convertir la comisión en un escenario de pugna partidista.
Fuentes del Congreso explican que, por carga y reglas de trámite, estos casos pueden tardar meses. Se prevé que el despacho asignado solicite a la Notaría 39 copia auténtica del acta, trace cronología de apariciones oficiales de Alcocer y oficie a entidades de control financiero para cotejar trazabilidad de recursos públicos.
En Colombia, la Comisión de Investigación y Acusación actúa como instancia previa cuando el investigado es el presidente. Dependiendo del acervo probatorio, puede recomendar archivo, formular acusación o trasladar. La Corte Suprema vería conductas penales; el Congreso, eventuales faltas políticas.
Expertos en derecho constitucional recuerdan que el uso de documentos notariales en controversias públicas exige diferenciar entre estado civil, efectos patrimoniales y roles protocolarios sin remuneración. Un acta puede reflejar una situación de hecho, pero sus implicaciones varían según cada norma aplicable y las pruebas de soporte.
Por ahora, no hay decisión de fondo. El presidente no se ha pronunciado formalmente frente a esta denuncia específica; su defensa podría alegar que la función de “primera dama” no está regulada como cargo público y que su presencia en actos oficiales no implica per se manejo de recursos ni ventaja contractual.
La denuncia alimentó el pulso político en el Capitolio. Bancadas de oposición piden celeridad y transparencia, mientras sectores afines al Gobierno alertan sobre un “uso electoral” de la Comisión. Organizaciones cívicas solicitan publicar cronogramas y actos del proceso para seguimiento ciudadano.
En redes, el caso escaló entre tendencias por la mención a la vida personal del mandatario y el impacto de una eventual verificación del acta notarial. Analistas estiman que, aun sin medidas inmediatas, el expediente condicionará la agenda política y la relación con entes de control.
El curso del proceso dependerá de la verificación del acta 23482 y de si los señalamientos logran traducirse en evidencias sólidas. La Comisión tiene ahora la tarea de separar lo estrictamente jurídico de la disputa política y dar garantías a las partes.
