Las versiones sobre narcos, Washington y el M-19 vuelven al debate.
El 6 y 7 de noviembre de 1985, un comando del M-19 tomó el Palacio de Justicia en Bogotá y la Fuerza Pública adelantó la retoma. El episodio dejó cerca de 100 muertos, entre ellos 11 magistrados, y al menos 11 desaparecidos, en hechos que marcaron para siempre la historia judicial y política del país. Cuatro décadas después, las preguntas sobre responsabilidades, excesos y omisiones están lejos de cerrarse.
La conmemoración de los 40 años reactivó tres ejes sensibles: si hubo o no dinero del narcotráfico detrás de la toma; el alcance de la reacción de Estados Unidos durante la crisis; y la posición del hoy presidente Gustavo Petro, exintegrante del M-19, sobre la legitimidad de la acción guerrillera y los abusos en la retoma. Mientras tanto, las víctimas insisten en la verdad plena, reconocimiento y garantías de no repetición.
En el frente de los narcotraficantes, investigaciones periodísticas y judiciales han explorado presuntos vínculos operativos o financieros con el cartel de Medellín, sin que exista un consenso definitivo que salde la controversia. Versiones enfrentadas alimentan una discusión que, 40 años después, sigue abierta.
Respecto a Estados Unidos, piezas documentales y testimonios han señalado posibles canales de apoyo o coordinación en el manejo de la crisis, en un contexto de Guerra Fría y expansión del narcotráfico. La dimensión exacta de esa injerencia continúa en disputa, con hallazgos que exigen contraste y verificación.
Sobre Gustavo Petro, reaparecieron declaraciones pasadas y recientes en las que ha negado la connivencia del M-19 con narcotraficantes y ha cuestionado el operativo militar de retoma. Sus pronunciamientos han sido replicados por críticos y excompañeros de armas que piden un balance integral de responsabilidades.
Para las familias, la prioridad sigue siendo identificar plenamente a los desaparecidos, esclarecer tránsitos de detenidos a sitios aledaños, y determinar cadenas de mando en decisiones que habrían derivado en graves violaciones a los derechos humanos.
A nivel institucional, se insiste en fortalecer archivos, acceso a documentos, protección de testigos y articulación entre jurisdicciones para depurar la verdad histórica. La conmemoración no sólo es memoria: es un llamado a completar vacíos probatorios.
Cuatro décadas no han sido suficientes para un consenso narrativo. La disputa de relatos compite con la necesidad de una verdad verificable y centrada en las víctimas. En esa tensión se juega la pedagogía democrática de las nuevas generaciones.
El país cierra otra efeméride con la certeza de que aún faltan piezas de un rompecabezas doloroso. Honrar a las víctimas implica sostener la búsqueda de la verdad, con hechos, documentación y justicia.
