Un portavoz del Departamento de Estado confirmó la cifra y el foco en antecedentes.
El Gobierno de Estados Unidos ha cancelado más de 80.000 visas en lo que va de 2025, confirmó un portavoz del Departamento de Estado. Entre los afectados hay al menos 8.000 estudiantes, en un movimiento que se inscribe en la estrategia de la Administración Trump para endurecer los controles migratorios y de permanencia legal. La mitad de las revocaciones se vinculan a delitos como agresión, robo y conducir bajo los efectos del alcohol, según precisaron fuentes oficiales.
La política —vigente desde enero, cuando Trump regresó al poder— combina medidas penales y un escrutinio ampliado de redes sociales para negar o retirar permisos si detecta contenido considerado “antisemita” o hostil a Estados Unidos y sus aliados. En octubre el Departamento de Estado anunció la cancelación de seis visas por mensajes en línea tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, un caso que reavivó la controversia sobre los límites a la libertad de expresión de no ciudadanos.
El conteo oficial ubica en 16.000 las cancelaciones asociadas a conducción bajo efectos del alcohol, 12.000 a agresión y 8.000 a robo, lo que, junto con otras conductas, explica casi la mitad de las 80.000 revocaciones acumuladas en el año. La otra porción obedece a infracciones migratorias.
Las autoridades han reforzado la revisión de huellas, historial y actividad digital de solicitantes y poseedores de visa. Para estudiantes y visitantes de intercambio, el requisito de mantener perfiles públicos para evaluación se ha difundido en embajadas y consulados, con especial atención a mensajes que promuevan violencia o incitación al odio.
El Departamento de Estado replicó que los visados son una prerrogativa soberana y que no está obligado a “hospedar” a quienes celebren la violencia.
En el frente económico y de atracción de capitales, la Casa Blanca promulgó la “Gold Card”, un programa de visa acelerada para grandes donantes al Estado. La medida, anunciada en septiembre, convive con el giro de mano dura en visados laborales y estudiantiles, incluida la intensificación de verificaciones y nuevas tasas que, según críticos, encarecen el acceso al mercado estadounidense.
El ritmo de cancelaciones recuerda episodios de la primera Presidencia de Trump. En 2017, bajo el llamado “travel ban”, el propio Departamento de Estado reportó alrededor de 60.000 visas “provisionalmente” revocadas, aunque otros funcionarios citaron inicialmente cifras superiores. Ese antecedente mostró la capacidad del Ejecutivo para recalibrar flujos de entrada por razones de seguridad.
En 2025, el foco se desplazó además a la actividad en campus universitarios y a la protesta transnacional. Reportes oficiales y de prensa señalan más de 6.000 cancelaciones de visas académicas por presuntos delitos, incumplimientos de estatus u otras causas, así como revisiones por supuesta “apología del terrorismo” o contenidos considerados antisemitas.
A escala internacional, la tendencia se alinea con países que han endurecido sus filtros postpandemia: Reino Unido y Canadá incrementaron controles a estudiantes y trabajadores temporales, mientras la Unión Europea activó sistemas biométricos y de prechequeo. Estados Unidos, con su peso académico y económico, influye especialmente en ese péndulo regulatorio.
Fuentes diplomáticas señalan que, pese al incremento, la revocación de visados es una herramienta discrecional que no siempre deriva en deportación inmediata. En muchos casos, la cancelación rige al salir del país o impide reingresos, lo que obliga a los afectados a iniciar nuevos trámites desde su nación de origen.
Organizaciones de defensa de migrantes y asociaciones académicas han expresado preocupación por el uso de publicaciones en redes como criterio sustantivo. Argumentan que la amplitud de la etiqueta “antisemita” o “hostil” puede abarcar crítica política legítima y generar autocensura entre visitantes y estudiantes.
Desde el Gobierno, voceros insisten en que la prioridad es la seguridad nacional y el orden público. Subrayan que las visas son revocables ante delitos, fraudes o conductas incompatibles con los intereses de Estados Unidos, y que la evaluación de redes aborda riesgos de incitación a la violencia o apoyo a grupos designados como terroristas.
El impacto para estudiantes, profesionales y viajeros dependerá de cómo se apliquen los criterios y de las eventuales impugnaciones judiciales.
