Se comprometieron a retirar publicaciones ofensivas y a debatir con evidencias.
La política colombiana amaneció con un movimiento inesperado. El exalcalde de Medellín Daniel Quintero anunció un pacto de no agresión con la senadora María Fernanda Cabal: ambos se comprometen a eliminar contenidos ofensivos publicados en el pasado y a concentrar el debate en hechos y evidencias, sin descalificaciones personales. El gesto llega en un clima de alta crispación en redes y plaza pública.
Quintero explicó que el acuerdo responde a la necesidad de disminuir la violencia política, y aludió a un video de 2 de octubre de 2023 en el que él mismo usó un lenguaje que hoy califica de inaceptable. Según dijo, la idea es no repetir expresiones agravantes y promover un intercambio argumentado rumbo a 2026.
Aunque el exalcalde dio por hecho el compromiso mutuo, hasta el cierre de esta edición no había un pronunciamiento detallado de la senadora sobre el alcance del pacto. En todo caso, el anuncio activó reacciones cruzadas: desde quienes celebran el desescalamiento hasta quienes sospechan de una jugada estratégica en la antesala de la campaña presidencial.
El acuerdo se da en un contexto de tensión verbal creciente entre precandidatos y líderes de todos los sectores, con episodios que han traspasado límites de respeto y han normalizado la violencia simbólica en el debate público. Organizaciones civiles han pedido reiteradamente bajar el tono y humanizar la contienda.
De cara al tablero electoral, la tregua podría reconfigurar la conversación en plataformas digitales, donde la interacción suele premiar el agravio. La apuesta, según Quintero, es discutir ideas y hechos verificables por encima del ataque personal.
Expertos en comunicación política señalan que un pacto así solo funciona si va acompañado de métricas y cumplimiento: retiro real de publicaciones, mensajes de corrección y líneas rojas claras para equipos y simpatizantes. De lo contrario, se quedará en gesto simbólico.
En las campañas modernas, el incentivo para el clickbait agresivo es alto. Por eso, la pregunta es si este acuerdo puede contagiar a otros liderazgos y convertirse en estándar mínimo de convivencia discursiva durante la próxima temporada de debates.
Analistas advierten que la tregua no implica coincidencia programática ni alianza electoral. Se trata, más bien, de una norma de trato para tramitar diferencias sin insultos, con rendición de cuentas si se incumple.
En el plano jurídico, retirar contenido agraviante también reduce riesgos de difamación y controversias por protección de honra y buen nombre. A la vez, preserva el marco de libertad de expresión orientado al interés público.
Por ahora, la pelota está en el terreno del cumplimiento verificable. Si hay coherencia entre discurso y conducta, el acuerdo puede bajar la temperatura de una contienda anticipada.
Actores de la sociedad civil saludaron el anuncio como un precedente para la campaña. Dirigentes de ambos lados, en cambio, lo leen con cautela: piden ver hechos concretos antes de aplaudir.
En redes, la discusión osciló entre el respaldo a la despolarización y el escepticismo por posibles cálculos electorales.
La tregua entre Quintero y Cabal abre una ventana para disputar ideas sin agravios. Su éxito dependerá de que se traduzca en acciones medibles y en consistencia del discurso.
