Petro responde y afirma que EE. UU. está “engañado por sus asesores”.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión inmediata de toda la ayuda económica a Colombia, después de acusar públicamente a su homólogo Gustavo Petro de ser un “líder del narcotráfico”. La decisión, comunicada en un mensaje en su plataforma Truth Social, agrava la tensión entre ambos gobiernos y pone en jaque programas civiles y de cooperación en seguridad.
Trump advirtió que, si Colombia no cierra las zonas de cultivo de droga, Washington podría intervenir para hacerlo. El mandatario calificó la cooperación como una “estafa a largo plazo” y afirmó que el país andino “no hace nada para detener” la producción, justificando así el corte de pagos y subsidios.
El anuncio llega tras una escalada de roces diplomáticos que incluyó la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas y amenazas de elevar aranceles a exportaciones clave. La suspensión impactaría rubros asociados a programas sociales, ambientales y de seguridad que, en años recientes, han sido canalizados por agencias estadounidenses.
Desde Bogotá, el presidente Gustavo Petro rechazó las acusaciones y afirmó que Trump está “engañado por sus asesores y logias”. El mandatario defendió su historial en la lucha contra el narcotráfico y señaló que el país no dependerá del armamento estadounidense para sus Fuerzas Militares, en un giro que podría reconfigurar la cooperación en defensa.
Medios internacionales reportaron que la administración estadounidense ya había reducido o congelado partidas de cooperación, especialmente a través de la agencia USAID, lo que afectó programas de paz, medioambiente y desarrollo. Voces en Washington y Bogotá advierten que el recorte podría golpear el acuerdo de paz y tareas de sustitución de cultivos.
La relación bilateral con Estados Unidos ha estado anclada por décadas en la lucha contra las drogas y el apoyo a la seguridad. Colombia ha sido uno de los principales receptores de asistencia, con montos que, según reportes oficiales, superaron cientos de millones de dólares anuales para proyectos de paz, derechos humanos y fortalecimiento institucional.
Expertos consultados consideran que un corte total de fondos incrementa la incertidumbre en regiones cocaleras. Mapas y reportes de entidades oficiales muestran que los cultivos ilícitos han variado por presión de precios, control territorial y cambios en las estrategias de erradicación, lo que hace más compleja cualquier solución exclusivamente coercitiva.
En la esfera política, el choque se da con un discurso más duro desde Washington frente al narcotráfico y con un gobierno colombiano que impulsa una política de drogas centrada en reducción de daños, desarrollo rural y desmantelamiento de economías criminales. Las divergencias conceptuales se han traducido en fricciones públicas y mensajes cruzados.
A nivel regional, la medida puede reordenar alineamientos diplomáticos. Bogotá podría buscar más cooperación técnica y financiera con socios europeos o multilaterales para sostener proyectos priorizados en paz y medioambiente, mientras evalúa la relación militar con Estados Unidos.
De momento, no hay una hoja de ruta clara sobre qué programas se detienen, cuáles seguirán o bajo qué condiciones podrían reanudarse. La tensión seguirá en aumento hasta que ambas capitales definan mecanismos de diálogo o, por el contrario, profundicen las sanciones y respuestas.
La decisión provocó reacciones inmediatas en Colombia. Sectores políticos opositores a Petro respaldaron el enfoque de mano dura de Washington, mientras que aliados del Gobierno alertaron sobre el impacto social en comunidades dependientes de programas de cooperación.
Analistas en Estados Unidos admiten que la suspensión puede debilitar la influencia de Washington en el país andino y abrir espacio a nuevos actores internacionales. En Colombia, organizaciones civiles temen retrocesos en proyectos en curso y piden canales de negociación que eviten un vacío de financiación.
La crisis golpea un pilar histórico de la relación bilateral y abre interrogantes sobre el futuro de la cooperación antidrogas y la implementación del acuerdo de paz. Las próximas semanas serán clave para medir el alcance real del anuncio y las posibilidades de una salida diplomática.
