Juez impuso medida de aseguramiento a los capturados.
Bogotá vivió un nuevo sacudón institucional tras la imputación de cargos a tres patrulleros de la Policía Nacional y a un civil, capturados en flagrancia el 24 de octubre en la localidad de Los Mártires. Según la Fiscalía, los uniformados fueron sorprendidos transportando estupefacientes, panfletos alusivos al ELN y otros elementos ilegales dentro de un vehículo institucional.
Los agentes fueron identificados como Cristian Uribe Niño, Gilberto Silva Dussan y Luis Carlos Bermúdez Rojas; junto a ellos cayó Jaime Alberto Salazar Jiménez, quien se desplazaba en una motocicleta con logos de la Policía y reporte de hurto. Ninguno aceptó cargos y un juez les impuso medida de aseguramiento intramural mientras avanza la investigación.
Las autoridades reportaron el hallazgo de droga, dos placas falsificadas, un arma inhabilitada, dos armas de dotación y dos computadores portátiles. La Fiscalía les imputó receptación, peculado por uso, falsedad marcaria, uso indebido de uniformes e insignias, destinación ilícita de muebles e inmuebles y tráfico de estupefacientes.
El procedimiento se produjo en plena zona céntrica de Bogotá, un corredor crítico para la seguridad urbana y el microtráfico. La incautación de panfletos del ELN reavivó el debate sobre posibles infiltraciones de estructuras armadas en instituciones del Estado, discusión que ha cobrado fuerza por investigaciones previas y episodios similares.
Aunque el caso no prueba una coordinación orgánica entre los policías y esa guerrilla, sí alimenta hipótesis de connivencia puntual o aprovechamiento logístico por redes ilícitas. Expertos advierten que la presencia del ELN en centros urbanos ha mutado hacia milicias y redes de apoyo que buscan propaganda y recursos.
En Colombia, antecedentes por infiltración o cooptación de funcionarios por grupos armados han sido documentados en distintos momentos. Informes de derechos humanos y reportes periodísticos describen estrategias urbanas del ELN para influir en espacios de poder local y movilización social, especialmente en capitales departamentales.
Para la Policía Nacional, el caso plantea un reto interno: afinar controles disciplinarios, trazabilidad de armamento y parque automotor, y protocolos de contratación y rotación del personal. En paralelo, la Fiscalía deberá profundizar si los panfletos tenían fines de propaganda, intimidación o movilización en áreas específicas de la ciudad.
La defensa de los procesados cuestionó la legalidad del procedimiento y señaló que existen vacíos probatorios; sin embargo, el aseguramiento intramural apunta a preservar la investigación y prevenir obstrucción o reincidencia. La jurisdicción penal ordinaria avanzará a la fase de acusación, si la Fiscalía consolida el acervo.
En un contexto de tensión con el ELN y recrudecimiento de la violencia en zonas estratégicas, el caso de Bogotá adquiere visibilidad nacional. Para analistas, la legitimidad institucional depende de respuestas rápidas, transparentes y de resultados que disuaden cualquier cooptación. Las próximas audiencias serán clave para determinar si este episodio se limita a una banda oportunista dentro de la institución o si existen ramificaciones mayores. Por ahora, la señal oficial es clara: habrá cero tolerancia y seguimiento exhaustivo.
