La propuesta surgió durante su discurso en la cumbre de Santa Marta.
Gustavo Petro sorprendió este 10 de noviembre de 2025 al afirmar que habló personalmente con Álvaro Uribe Vélez y le propuso acudir juntos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El mandatario reveló la invitación durante un discurso en la cumbre internacional realizada en Santa Marta, donde insistió en que la verdad debe estar por encima del odio y del castigo.
“Hermano, vamos a la JEP ambos; es la verdad lo que hay que priorizar”, dijo Petro ante los asistentes, en una alocución que rápidamente encendió la discusión pública en el país. El mensaje, que interpela a uno de sus mayores contradictores políticos, se da en medio de un clima de polarización y de debates sobre el alcance de la justicia transicional en Colombia.
El planteamiento se produjo en el marco de la Cumbre CELAC–UE en Santa Marta, escenario en el que el Presidente amplió su agenda internacional con énfasis en derechos humanos y paz. De acuerdo con su relato, el objetivo de la invitación a Uribe es priorizar la verdad y dar garantías a las familias de quienes asuman compromisos ante la JEP.
La frase desató reacciones inmediatas de líderes políticos, juristas y víctimas del conflicto, quienes volvieron a poner bajo la lupa el papel de la JEP como mecanismo de verdad, justicia, reparación y no repetición. La jurisdicción ha sido clave para esclarecer graves crímenes del conflicto y sigue generando decisiones de alto impacto.
Especialistas consultados señalan que una eventual comparecencia de expresidentes o altas figuras públicas ante la JEP no está prohibida si se enmarca en los supuestos de competencia del sistema y si se aporta verdad plena. El debate jurídico giraría sobre las condiciones de sometimiento y los beneficios que la jurisdicción otorga cuando hay reconocimiento temprano de responsabilidad y reparación.
La invitación de Petro también aterriza en un contexto de procesos y controversias que han rodeado al expresidente Uribe en la justicia ordinaria durante los últimos años. En el plano político, analistas consideran que el gesto busca mover el eje del debate hacia la verdad judicial y despresurizar la confrontación.
Para el Gobierno, la centralidad de las víctimas sigue siendo innegociable; por eso, cada avance en verdad y reconocimiento se tramita como logro de país. Voces afines al Ejecutivo interpretaron el mensaje como una puerta a escenarios de sometimiento voluntario que fortalezcan la legitimidad del sistema de paz.
Desde la oposición, varios dirigentes calificaron el anuncio como “maniobra política” y pidieron reglas claras: si hay comparecencias, que sean bajo estándares de verdad exhaustiva, sanciones restaurativas verificables y seguimiento independiente. Organizaciones de víctimas pidieron prudencia y participación efectiva en cualquier ruta que se trate.
En el escenario internacional, la propuesta fue leída como un intento de retomar consensos alrededor del acuerdo de 2016 y de blindar la justicia transicional frente a vaivenes políticos. Observadores externos subrayan que remitir disputas de alto calibre a mecanismos institucionales reduce riesgos de escalamiento.
A la espera de respuestas formales por parte del expresidente Uribe, el llamado del Jefe de Estado ya reconfigurar la agenda del debate nacional. La conversación se desplazó de la confrontación retórica a la posibilidad de comparecer ante un órgano diseñado para esclarecer lo ocurrido durante el conflicto.
En círculos judiciales, la invitación fue recibida con cautela: cualquier comparecencia relevante implicaría cronogramas, compromisos verificables y comparecencia de terceros si los hechos así lo requieren. Para las víctimas, la prioridad es que no haya impunidad y que los compromisos restaurativos sean medibles y financiables.
En el espectro político, el gesto de Petro puede reordenar alianzas y discursos. Algunos sectores del centro ven una oportunidad para despolarizar; sectores duros del oficialismo y la oposición advierten costos si la iniciativa no se traduce en verdad concreta.
