Fue presentado ante la URI de Canapote; CTI ejecutó la orden.
El 10 de noviembre de 2025, Ricardo González, de 22 años, se entregó en la URI de Canapote (Cartagena) y agentes del CTI hicieron efectiva la orden de captura en su contra. Está señalado de haber participado en la brutal golpiza que derivó en la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante universitario, ocurrida el 31 de octubre en la localidad de Barrios Unidos (Bogotá). La Fiscalía confirmó la diligencia y anunció su presentación ante un juez de control de garantías para la legalización del procedimiento.
De acuerdo con la información conocida, González es oriundo de Cartagena, trabajó como vendedor de perros calientes en San Victorino (Bogotá) y habría comentado a su empleador que sostuvo un altercado la noche previa a los hechos que hoy se investigan. Días después, por presión familiar, se recomendó su sometimiento a las autoridades. Con su entrega, es la segunda persona que será procesada por este caso.
En el marco de la investigación, la Fiscalía ha solicitado la medida de aseguramiento para otro involucrado y avanza en la recolección de videos, testimonios y peritajes de Medicina Legal que permitan esclarecer la cadena de agresiones y la participación individual de los señalados. Las autoridades no descartaron nuevas órdenes de captura conforme se obtengan más elementos materiales probatorios.
La URI es el primer eslabón de atención penal para hechos urgentes; allí se realizan actos inmediatos y el traslado ante un juez. En Bogotá y otras ciudades, estas unidades operan 24/7 para asegurar respuesta oportuna de fiscales y policía judicial.
Tras conocerse la entrega en Cartagena, equipos del CTI y la Policía cruzan registros de movilidad y cámaras de seguridad con el fin de reconstruir la cronología del 31 de octubre en Barrios Unidos. La Fiscalía insiste en que la responsabilidad penal se definirá ante los jueces, con base en pruebas y contradicciones.
La víctima, Jaime Esteban Moreno, fue atacada en vía pública, hecho que provocó conmoción en la capital y derivó en llamados a reforzar controles contra agresiones colectivas y riñas en espacio urbano. La investigación continúa bajo reserva.
La opinión pública ha exigido celeridad y verdad judicial. Para organizaciones ciudadanas, el caso expone la urgencia de cámaras operativas y mejor coordinación interinstitucional ante hechos de violencia callejera. En la Rama Judicial se prevé un proceso expedito por el impacto social del crimen.
En el plano institucional, la entrega en otra ciudad obliga a articular traslados y a garantizar la seguridad de los procesados. Expertos en política criminal insisten en reforzar la prevención de violencias en entornos de fiesta y espacio público.
Con la entrega de Ricardo González, el expediente avanza a una fase decisiva de imputaciones y medidas. La justicia deberá establecer participaciones, motivos y responsabilidades.
