El presidente Petro calificó el allanamiento como “ilegal” y “secuestro”.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó de “loca, demente y delincuente” a la magistrada Cristina Lombana, de la Corte Suprema de Justicia, tras el allanamiento practicado este 11 de noviembre a una de sus residencias en Puerto Colombia (Atlántico). La diligencia fue ejecutada por el CTI de la Fiscalía en el marco de procesos que adelanta el alto tribunal por presunto enriquecimiento ilícito y otras conductas.
La Corte Suprema rechazó los ataques del alto funcionario, advirtió que ese lenguaje puede afectar las investigaciones y defendió la legalidad del procedimiento. La Procuraduría abrió indagación previa por las descalificaciones. El presidente Gustavo Petro, por su parte, dijo que el allanamiento fue “ilegal” y “se transformó en secuestro”.
Benedetti denunció que el operativo se realizó con “30 hombres fuertemente armados” cuando solo se encontraba su esposa en el inmueble y que hubo retenciones irregulares a trabajadores. Señaló además que “no hallaron nada” y sugirió la posible instalación de micrófonos.
El ministro afirmó que Lombana carece de competencias para investigarlo, dado que ya no es congresista, y que la magistrada tendría intereses personales. También acusó al abogado Jaime Lombana de influir indebidamente en la causa.
En respuesta, la Corte Suprema —a través del magistrado Octavio Tejeiro— pidió “desescalar el lenguaje” y recordó que las actuaciones se enmarcan en procesos judiciales vigentes. La corporación publicó un comunicado defendiendo la legitimidad de la diligencia.
Desde el Gobierno, el presidente Petro respaldó públicamente a su ministro al calificar la intervención como “allanamiento ilegal” que “se transforma en secuestro de una familia”. Su pronunciamiento elevó la tensión institucional entre el Ejecutivo y la justicia.
En paralelo, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra Benedetti por el uso de expresiones agraviantes contra una alta funcionaria judicial, actuación que podría acarrear sanciones disciplinarias.
El caso se inscribe en antecedentes judiciales que rodean a Benedetti, incluido el llamado a juicio por el caso Fonade y pesquisas sobre su patrimonio, mientras que la magistrada Lombana ha afrontado cuestionamientos por presuntos conflictos de interés en otros procesos.
Medios nacionales reseñaron que la diligencia en Puerto Colombia hace parte de una línea investigativa por irregularidades patrimoniales y contratos. La W informó que también habría requerimientos financieros a familiares del ministro.
El ambiente público se polarizó: simpatizantes del Gobierno interpretaron el procedimiento como “persecución” y sectores opositores pidieron prudencia al alto funcionario y respeto por los jueces. Organizaciones de transparencia alertaron sobre el impacto del lenguaje agresivo en la confianza institucional.
Expertos en derecho penal advierten que, más allá del pulso político, los señalamientos del ministro pueden derivar en acciones disciplinarias y hasta penales si se configuran injurias contra funcionarios en ejercicio. Aconsejan tramitar las inconformidades mediante recursos y recusaciones formales.
La Corte, entretanto, evalúa eventuales medidas para preservar el curso de las actuaciones sin presiones externas. El desenlace podría influir en el clima preelectoral y en la relación entre Ejecutivo y Rama Judicial.
Mientras avanzan las verificaciones sobre lo incautado —y lo que no—, el caso seguirá midiendo la capacidad de las instituciones para procesar la confrontación sin deteriorar el Estado de derecho.
