El Gobierno promete acelerar metas y corregir falencias.
El presidente Gustavo Petro anunció que el Gobierno revivirá la Consejería Presidencial para la Paz como respuesta a los recientes requerimientos de la Corte Constitucional. La decisión llega con una autocrítica: la Unidad para la Implementación del Acuerdo Final no funcionó como se esperaba y será replanteada con un diseño más eficaz y con capacidad de ejecución.
El ajuste institucional busca encarrilar el cumplimiento del Acuerdo de 2016, cuya implementación ha avanzado con lentitud y entre tropiezos operativos. La nueva Consejería concentrará la coordinación política y técnica, con metas de cumplimiento, cronograma y reportes públicos. El Ejecutivo prevé cambios normativos y administrativos para hacerla operativa en corto plazo.
¿Qué cambiará con el regreso de la Consejería?
El Gobierno planea ubicar la Consejería en el corazón de la decisión presidencial, con línea directa para destrabar recursos, articular ministerios y priorizar territorios PDET. Tendrá un tablero de control con indicadores verificables, responsables claros y seguimiento a compromisos por componente (reforma rural, participación, sustitución, reincorporación y garantías).
La Consejería también retomará un rol de bisagra con gobernadores y alcaldes, clave para que los proyectos lleguen al terreno. La instrucción es evitar la dispersión institucional que según el propio Petro, afectó la vieja Unidad y dejó cuellos de botella en contratación y ejecución.
Autocrítica y rediseño
Petro admitió que la Unidad de Implementación no dio los resultados esperados. En su lugar, se propone una arquitectura más compacta, con equipo senior y capacidad de decisión intersectorial. Se priorizarán metas de corto plazo en seguridad de firmantes, restitución y obras PDET, y metas de mediano plazo en reforma rural y sustitución de economías ilícitas.
La hoja de ruta incluirá rendición de cuentas trimestral y publicación de avances por municipio. El Gobierno buscará respaldo presupuestal adicional y cooperación internacional para cerrar brechas.
La Corte y el apremio de cumplimiento
El anuncio responde a llamados recientes de la Corte Constitucional para que el Estado cumpla integralmente el Acuerdo de Paz y superar rezagos. El Ejecutivo asume que se requieren ajustes de gerencia pública, no solo discurso político, para convertir compromisos en hechos medibles.
La reactivación de la Consejería pretende, además, ordenar la relación con entidades del DAPRE y ministerios, y alinear oferta de seguridad, justicia y desarrollo rural en los territorios priorizados.
Enfoque territorial y seguridad
El rediseño pondrá foco en la seguridad de excombatientes y líderes sociales, el acceso a tierra y la aceleración de proyectos productivos. Se alistará un mecanismo de respuesta rápida en zonas críticas y se reforzará el diálogo con misiones de verificación y socios internacionales.
La Consejería coordinará con Defensa, Interior, Agricultura y Planeación Nacional para que la inversión sea secuencial y verificable, con un banco de proyectos priorizados y listos para ejecutar.
Comparación regional
Experiencias de posacuerdo en la región muestran que la coordinación desde la Presidencia acelera la ejecución cuando hay cronogramas, presupuestos anclados y evaluación independiente. El Gobierno afirma que su modelo tomará buenas prácticas de coordinación interagencial.
Cronograma y control ciudadano
Se publicará un cronograma con hitos trimestrales y seguimiento público. Organizaciones sociales y academia participarán en veedurías; habrá alertas tempranas para riesgos de ejecución.
El Ejecutivo insiste en que la política de paz se medirá por resultados tangibles: tierras tituladas, proyectos productivos en marcha, menos homicidios de firmantes y avances en justicia transicional.
Financiamiento
Para sostener la estrategia, el Gobierno proyecta reasignaciones internas y nuevas fuentes de cooperación. La meta es blindar financieramente la implementación con reglas de priorización, preinversión robusta y compras públicas más ágiles.
Organizaciones de la sociedad civil y expertos saludaron el giro institucional, pero pidieron que no sea un simple cambio de rótulo, sino un rediseño con dientes para ejecutar. También reclamaron blindaje presupuestal y metas públicas.
Desde la oposición se advirtió que “recrear burocracias” no basta: exigen indicadores, evaluación independiente y seguridad en terreno. La cooperación internacional condiciona apoyos a resultados verificables.
La decisión de revivir la Consejería abre una nueva etapa para la implementación. Si alinea recursos y autoridad, puede convertir promesas en entregables concretos en territorio.
