El foco: leasing de una casa en Puerto Colombia y contrato por $7.968 millones.
La Fiscalía General de la Nación abrió una indagación preliminar contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, para revisar eventuales irregularidades en sus negocios con el empresario de espectáculos Ricardo Leyva. La decisión fue confirmada a un reporte radial y llega tras una semana marcada por allanamientos ordenados por la Corte Suprema de Justicia en el marco de un proceso por presunto enriquecimiento ilícito cuando Benedetti era senador.
De acuerdo con lo conocido, la pesquisa de la Fiscalía se concentra en un negocio de vivienda en la urbanización Lagos de Caujaral (Puerto Colombia, Atlántico), donde el ministro reside desde hace poco más de dos meses bajo un esquema de leasing que habría sido cedido por Leyva. Por su condición de ministro, Benedetti cuenta con fuero y únicamente puede ser investigado por un fiscal delegado ante la Corte Suprema.
El trasfondo del caso incluye un reciente contrato por $7.968 millones de pesos adjudicado sin licitación a Ave Fénix Entretenimiento S.A.S., firma representada por Leyva, para organizar el “Concierto en el país de la belleza” en Santa Marta, como antesala de la cumbre CELAC–UE. Documentos y cartas institucionales mostrarían la intención de un convenio interadministrativo mayor con RTVC por más de $88.000 millones, que también ha sido objeto de debate público.
La Corte Suprema, por su parte, mantiene abierta una investigación a Benedetti por hechos de 2017, cuando era senador. El allanamiento a su residencia en Barranquilla, dirigido por la magistrada Cristina Lombana, buscó pruebas sobre el origen de fondos que le habrían permitido sostener un alto nivel de vida, incluyendo residencias de lujo, giros al exterior y uso de aviones alquilados.
El ministro ha sostenido que su patrimonio es legal y que atraviesa dificultades económicas. En declaraciones previas, dijo “estar en quiebra” y negó cualquier ilegalidad en sus decisiones personales. Benedetti también ha cuestionado públicamente la diligencia judicial y ha protagonizado choques verbales con autoridades, hechos que abrieron investigaciones disciplinarias en paralelo.
La indagación preliminar no implica cargos formales, sino la verificación de información y eventuales delitos. En esta fase, la Fiscalía puede recaudar testimonios, revisar contratos, movimientos financieros y establecer si hubo conflicto de intereses o intercambio indebido de beneficios entre un alto funcionario y un contratista del Estado.
Especialistas en derecho público recuerdan que la figura del leasing habitacional permite la ocupación con opción de compra, y que la cesión de derechos implica compensaciones económicas entre las partes. No obstante, si se comprobara que la operación estuvo asociada a decisiones contractuales públicas, podría configurarse un escenario de interés indebido o cohecho.
A nivel comparado, casos de investigación a ministros por conflictos de interés han derivado en renuncias o sanciones administrativas en países de la región. En Colombia, indagaciones similares han escalado a la Corte Suprema cuando involucran hechos previos como congresista o a la Procuraduría cuando hay componente disciplinario.
En el frente político, el caso llega cuando el Gobierno promueve reformas y enfrenta vigilancia elevada sobre la contratación estatal. La relación entre despachos ministeriales y entidades del sector audiovisual ha sido especialmente sensible por su impacto presupuestal y la visibilidad de los eventos públicos.
La atención se centra ahora en los tiempos de la Fiscalía, la colaboración de las partes y la claridad de los documentos sobre el negocio inmobiliario. Si la indagación encuentra mérito, podría abrirse investigación formal; si no, se archivaría la actuación.
Desde sectores de oposición se pidió transparencia total sobre los contratos culturales en Santa Marta y se solicitó al Gobierno publicar los soportes técnicos del evento. Voces oficialistas, en cambio, calificaron de “normal” la indagación y pidieron respetar la presunción de inocencia.
Juristas consultados subrayan que el fuero del ministro no lo blinda de la acción penal, pero sí determina el trámite y la competencia. En el plano mediático, el episodio reavivó cuestionamientos a los controles de la contratación directa y a los posibles choques de interés entre decisiones públicas y relaciones privadas.
El expediente contra Armando Benedetti entra en su fase preliminar con focos en un negocio inmobiliario y en un contrato cultural sin licitación. Lo que se decida en las próximas semanas —a partir de documentos, testimonios y trazabilidad financiera— definirá si el caso escala o se archiva.
