La reserva alberga el 77% de los arrecifes coralinos del país.
Colombia anunció, en 2022, que alcanzó el objetivo de proteger el 30% de sus océanos antes de la meta global 2030. Hoy, los números muestran otra cara: Seaflower, el área marina protegida (AMP) más grande del Caribe colombiano, acumula 81.176 kg de pesca ilegal incautada en la última década, con 67,26% atribuidos a embarcaciones extranjeras. La reserva, hogar del tercer sistema coralino más grande del mundo, enfrenta un débil control y creciente presión pesquera.
Aunque los registros oficiales señalan 299.399 km² de áreas marinas y costeras protegidas (41,11% del total), sólo 6,7% cuenta con protección total o alta. En Seaflower, pescadores locales y la Armada advierten el aumento de lanchas foráneas que usan compresor para extraer especies clave como langosta espinosa y caracol pala, una práctica prohibida en Colombia.
El cambio de fronteras marítimas tras la CIJ en 2012 encendió la tensión pesquera en el archipiélago. Pescadores raizales reportan más lanchas de Nicaragua y Honduras en cayos como Quitasueño, donde la faena con compresor permite más tiempo bajo el agua y mayor presión sobre especies vulnerables.
La Armada confirma que la pesca ilegal aumentó y que el enjuiciamiento es bajo: menos del 10% de los capturados han recibido sanción. En los últimos tres años, de 77 detenidos, 68 eran nicaragüenses, siete colombianos y dos hondureños.
En paralelo, industriales y artesanales colombianos también incurren en pesca en zonas excluidas o en vedas. Entre 2018 y 2025, 32,74% de lo incautado correspondió a 15 embarcaciones nacionales (12 industriales y 3 artesanales), con impacto menor frente a flotas industriales y extranjeras, según la autoridad ambiental Coralina.
El impacto ecológico es crítico. Langosta (Panulirus argus) y caracol pala (Lobatus gigas) están en categoría Vulnerable en Colombia. La extracción reduce las poblaciones y debilita los arrecifes. La captura de pez loro, prohibida desde 2019, agrava el panorama: es un herbívoro que controla algas competidoras del coral.
Seaflower alberga el 77% de los arrecifes del país y, junto con el departamento, el 91% del área coralina nacional. La degradación de estos ecosistemas repercute en pesca artesanal, turismo y protección costera frente a tormentas.
La capacidad de control es limitada: la Armada dispone de una fragata para patrullaje en toda el área, y varios puestos en cayos carecen de embarcaciones. Las acciones reactivas dependen de denuncias y sistemas de detección como Skylight.
En términos de gobernanza, aunque Colombia superó la cifra de protección, la calidad de la protección es el reto. Organismos internacionales recuerdan que la meta 30×30 exige gestión efectiva, no solo declarar porcentajes.
Expertos piden cerrar vacíos normativos, fortalecer AUNAP y fiscalías locales, y garantizar recursos para patrullaje, investigación y control. La participación raizal en decisiones de manejo es vista como clave para legitimidad y cumplimiento.
Pescadores raizales, como asociaciones locales, advierten caída en capturas y mayor riesgo operativo por flotas con compresor. Autoridades departamentales defienden permisos a embarcaciones por distancias y falta de oferta laboral marítima.
Instituciones y científicos insisten en sanciones efectivas, vedas respetadas y zonificación clara para sostener la seguridad alimentaria y el turismo que depende del atractivo coralino.
Seaflower simboliza la brecha entre proteger en papel y proteger en el agua. Sin patrullaje sostenido, justicia operativa y manejo participativo, la presión seguirá minando un arrecife clave del Caribe.
