Gobierno negó presencia de menores; el ente de control lo desmiente
La Defensoría del Pueblo confirmó este sábado la muerte de seis menores de edad durante una operación militar contra disidencias de las FARC en zona rural del Guaviare. El anuncio contradijo la versión entregada por el Ministerio de Defensa, que un día antes aseguró que en el operativo “no hubo menores afectados”. La defensora Iris Marín Ortiz pidió que prevalezca el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Según el pronunciamiento, los niños, niñas y adolescentes serían víctimas de reclutamiento forzado por estructuras del Estado Mayor Central. La entidad recalcó que, incluso en contextos de conflicto, los menores conservan protección reforzada y no pueden ser tratados como combatientes ni convertidos en objetivos militares.
El debate escaló por una frase del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien afirmó que “lo que mata no es la edad, es el arma”. La Defensoría respondió que el DIH impone límites estrictos al uso de la fuerza y que la proporcionalidad debe guiar toda acción.
Mientras tanto, fuentes castrenses han informado en días previos de bajas a integrantes de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en la misma zona, en el marco de una ofensiva sostenida. El Gobierno ha defendido la legalidad de las operaciones bajo estándares del DIH, aunque persisten cuestionamientos por el riesgo a la población protegida.
Con el paso de las horas, el Instituto Nacional de Medicina Legal informó que el conteo sería de siete menores fallecidos, una cifra mayor a la divulgada inicialmente por la Defensoría. Medios nacionales reportaron ese ajuste y advirtieron que los dictámenes forenses siguen en desarrollo.
La operación se enmarca en el pulso entre el Ejecutivo y las disidencias, en un departamento con historial de confrontaciones, economías ilegales y presencia de grupos armados. Expertos recuerdan que el Guaviare representa un punto crítico por corredores de movilidad, cultivos ilícitos y laboratorios.
A nivel jurídico, el uso de la fuerza letal está sujeto a principios de distinción, precaución y proporcionalidad. Organismos de control reiteraron que el reclutamiento de menores es un crimen de guerra y que la obligación estatal es extremar precauciones para evitar su afectación, aun cuando estén bajo coacción en campamentos armados.
El Ministerio de Defensa indicó que la identificación de víctimas pasa por Medicina Legal y que la edad y el sexo se verifican con rigor técnico. La entidad insistió en que toda operación se ejecuta conforme a reglas de enfrentamiento y estándares internacionales.
En paralelo, medios internacionales reseñaron la controversia política por el operativo en Guaviare y la defensa del presidente Gustavo Petro a la decisión militar. El mandatario lamentó las muertes y afirmó que asumió un “riesgo” para proteger a uniformados y población.
El caso puso bajo la lupa los protocolos operacionales, la inteligencia previa y el manejo de información pública en hechos que involucran población protegida. Se espera un informe oficial que precise lugar, hora, cadena de mando y salvaguardas activadas.
La Defensoría del Pueblo exigió una investigación rápida e independiente, además de medidas de no repetición y atención psicosocial a familias. Organizaciones civiles pidieron monitoreo internacional y claridad sobre reglas de enfrentamiento.
Desde el Gobierno, voceros insisten en que las operaciones se realizan bajo el DIH y que el objetivo es neutralizar estructuras armadas. La controversia podría escalar a instancias judiciales y al escrutinio de organismos internacionales.
La confirmación de los menores muertos en Guaviare reaviva el debate entre eficacia militar y protección de la niñez en el conflicto. Con peritajes en curso y posturas enfrentadas, el país espera verdad y responsabilidades
