El exmagistrado asume con retos de cárcel, paz total y relaciones con la Corte
La llegada de César Julio Valencia Copete al Ministerio de Justicia marca el retorno a un primer plano de una figura clave del poder judicial colombiano. Durante su paso por la Corte Suprema, Valencia lideró decisiones en momentos de alta tensión con el Ejecutivo, cuando la Corte investigó casos de parapolítica y denunció interceptaciones ilegales contra magistrados, periodistas y políticos.
El nombramiento impone una agenda inmediata: crisis carcelaria, ajustes a la política de “paz total”, recomposición de relaciones con la rama judicial y fortalecimiento de la cooperación internacional. El Gobierno espera un timonel con experiencia procesal y manejo de crisis; el nuevo ministro llega con más de tres décadas en la justicia y un ADN de independencia.
En su trayectoria, Valencia Copete fue presidente de la Corte Suprema, juez y magistrado, y profesor universitario. Abogado del Externado y especialista en Derecho Comercial, se le reconoce por su defensa de la autonomía judicial y el rigor en los procesos. Ese sello lo situó en el centro de algunos de los debates más sensibles de los 2000.
En ese periodo se investigaron y condenaron decenas de congresistas por vínculos con estructuras paramilitares. La Corte, bajo su liderazgo, resistió presiones y mantuvo el curso de los expedientes, lo que elevó la tensión con el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.
Los roces escalaron con el llamado caso “Tasmania” y los señalamientos cruzados entre el mandatario y el magistrado. Uribe llegó a denunciarlo por supuesta revelación de información reservada; el proceso no prosperó. Valencia, por su parte, dejó constancia de contactos del Ejecutivo que, a su juicio, podían incidir en causas sensibles.
Otro punto álgido fue el escándalo de las “chuzadas” del DAS, que afectó a magistrados y periodistas. Valencia reclamó el esclarecimiento de responsabilidades. A la par, la justicia avanzó en expedientes contra dirigentes, entre ellos el caso del exsenador Mario Uribe Escobar, primo del expresidente, condenado por nexos con paramilitares.
Aunque esos episodios pertenecen al archivo de la política judicial, su eco vuelve con el nombramiento. Valencia llega al Ministerio con el reto de despresurizar la relación entre poderes, sin ceder en garantías ni en el control judicial. Su experiencia puede ayudar a tender puentes con altos cortes en medio de un clima aún polarizado.
La crisis penitenciaria será una prueba temprana: hacinamiento, infraestructura y abordaje de la salud mental de la población privada de la libertad. En paralelo, se evaluará la ejecución territorial de la paz total, con ajustes normativos y coordinación con Fiscalía, Procuraduría y gobernaciones.
En el frente externo, el despacho buscará cooperación con Estados Unidos para extradición, lucha contra el crimen transnacional y fortalecimiento forense. El énfasis estará en resultados medibles y transparencia en contratación.
Juristas consultados destacan que el perfil del ministro puede recomponer confianzas con las cortes y ordenar prioridades técnicas. Sectores críticos advierten que sus antecedentes de confrontación con el uribismo podrían reavivar la polarización si no se privilegia el diálogo.
En lo político, la oposición examinará cada decisión de política criminal y penitenciaria. El oficialismo, por su parte, lo perfila como pivote para viabilizar reformas sensibles y aterrizar compromisos de derechos humanos en el sistema de justicia.
Con un pasado de decisiones firmes y un presente cargado de urgencias, Valencia Copete llega a Justicia con la tarea de equilibrar independencia y gobernabilidad. Su desempeño definirá el tono de la relación entre poderes en los próximos meses.
