Tiene injerencia en Arauca y Casanare y presunta retaguardia en Venezuela.
Gustavo Petro autorizó un bombardeo contra campamentos de las disidencias Farc en Arauca, con un objetivo principal: Ómar Pardo Galeano, alias ‘Antonio Medina’, señalado como jefe del Frente 28 del Estado Mayor Central (EMC). La decisión reavivó el foco sobre el hombre que ha tejido control criminal en la frontera colombo-venezolana mediante extorsiones a ganaderos, secuestros y ataques a la Fuerza Pública.
De acuerdo con reportes oficiales y de prensa, ‘Medina’ consolidó una presencia armada en Arauca y Casanare, con movilidad entre pasos irregulares y presuntos campamentos en territorio venezolano. La ofensiva aérea se enmarca en la estrategia de golpear mandos medios y superiores responsables de la escalada violenta en la región.
Antonio Medina emergió como figura de primera línea en los últimos años, tras aliarse con estructuras del EMC y disputar control territorial con el ELN. Su anillo de seguridad y el uso de áreas boscosas le han permitido evadir operativos en zonas como Támara y Paz de Ariporo (Casanare), según partes de inteligencia conocidos por la prensa.
En 2023, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lo expulsó por deserción y rearme luego del Acuerdo de 2016, remitiendo sus procesos a la justicia ordinaria. Desde entonces, su condición de objetivo de alto valor se consolidó en listados oficiales de búsqueda y en operaciones conjuntas de Fuerzas Militares y Policía.
Los organismos de seguridad le atribuyen una cadena de extorsiones a productores y comercios rurales; secuestros con fines de financiación; y ataques armados contra patrullas y bases en el eje Arauca–Casanare. También se le señala por coordinar pasos logísticos hacia la frontera para tráfico de armas y narcotráfico.
En 2024, su entorno sufrió un golpe simbólico con la muerte en combate de alias ‘Alexa’, su entonces pareja y mando de un componente armado en Casanare, hecho que habría detonado tensiones internas y purgas en la estructura. El episodio mostró fricciones y órdenes de represalia en la cadena de mando.
La orden presidencial de bombardeo reitera la línea de acción contra objetivos que, según las autoridades, sostienen la capacidad de fuego, la financiación y las redes de inteligencia local del EMC. Voceros militares han insistido en que los ataques se planean con verificación de blancos y criterios de precisión.
En el plano regional, la disputa con el ELN mantiene un alto riesgo humanitario, con desplazamientos, confinamientos y afectaciones a la población civil. La tensión se agrava por la porosa frontera con Venezuela, señalada en informes de seguridad como retaguardia de movilidad para mandos y logística.
Analistas consultados por medios nacionales estiman que, aunque un golpe contra ‘Medina’ impactaría la coordinación y recaudo extorsivo en el oriente, persistirán células con mando delegado. La clave, sostienen, será combinar presión militar, control territorial y judicialización para evitar reacomodos.
La JEP y organizaciones de verificación recordaron el antecedente de expulsión del cabecilla, mientras voces de la sociedad civil en Arauca reclamaron protección a la población y asistencia humanitaria en zonas de riesgo. La Policía reforzó controles en ejes viales y áreas rurales.
La presión sobre ‘Medina’ podría reducir temporalmente la capacidad de ataque del Frente 28 y alterar rutas de financiación. No obstante, expertos advierten que el relevo de mandos y la frontera abierta podrían sostener la amenaza a corto plazo.
El caso ‘Antonio Medina’ condensa el desafío del Estado: neutralizar jefes armados, proteger a la población y cerrar rentas criminales en la frontera. El resultado de la ofensiva definirá si el EMC pierde tracción en el oriente o si se reacomoda.
