Expertos cuestionan proporcionalidad y distinción en la operación aérea
Las fuerzas militares colombianas realizaron dos bombardeos contra estructuras de las disidencias de “Iván Mordisco” en Arauca y Guaviare. En este último, murieron 19 personas y autoridades confirmaron al menos siete menores entre las víctimas, lo que activó alarmas sobre el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en operaciones aéreas.
El presidente Gustavo Petro sostuvo que asumió “un gran riesgo” para evitar que un pelotón de 20 soldados fuera emboscado por unos 150 hombres armados. La Defensoría del Pueblo y expertos en DIH piden esclarecer si se respetaron los principios de distinción, proporcionalidad y precaución.
El operativo se dirigió contra frentes asociados a Néstor Gregorio Vera (“Iván Mordisco”), uno de los principales opositores a los diálogos de paz del Gobierno. En Guaviare se reportó el mayor saldo: 19 fallecidos y el rescate de tres adolescentes que, según autoridades, habrían sido reclutados.
Antes de conocerse la identidad de todas las víctimas, el mandatario y el ministro de Defensa Pedro Sánchez admitieron la posibilidad de muertes de menores, señalando que “los bombardeos siempre tienen un riesgo” cuando falla la inteligencia en selva cerrada.
La confirmación de al menos siete menores reavivó críticas sobre el uso del poder aéreo. Organizaciones y académicos recuerdan que, en bombardeos, es más difícil garantizar la distinción entre combatientes y víctimas de reclutamiento forzado, especialmente en campamentos móviles.
Analistas de seguridad señalan que las disidencias han mutado su forma de operar respecto a las antiguas FARC: estructuras más flexibles, mandos medios fáciles de recomponer y presencia en zonas periurbanas, lo que reduce la eficacia estratégica del bombardeo tradicional si no va acompañado de control territorial.
Para el Gobierno, la ventaja militar radicó en neutralizar una amenaza inminente contra tropas. Sin embargo, especialistas advierten que el principio de proporcionalidad obliga a sopesar la ventaja militar con el posible daño civil, más aún si hay indicios de presencia de menores.
El episodio también expone un cambio discursivo de Petro respecto a su etapa como senador, cuando cuestionó bombardeos con víctimas infantiles durante el gobierno de Iván Duque. Hoy, ya en la Presidencia, reivindica la decisión como necesaria para proteger a las tropas.
En paralelo, la Procuraduría respaldó la operación con el argumento de que los menores alzados en armas “pierden protección” al participar en hostilidades. Colectivos como Coalico y Justapaz matizan que incluso en esos casos rigen salvaguardas reforzadas a la niñez y el Estado debe extremar medidas de precaución.
El contexto es un terreno difícil para la paz total: aumento del reclutamiento infantil reportado por la Defensoría, resistencia de grupos armados como el Clan del Golfo y las propias disidencias, y una escalada de choques en corredores selváticos estratégicos como el Guaviare.
La controversia impacta la legitimidad de la estrategia de seguridad y la agenda de paz. Sectores políticos exigen transparencia sobre inteligencia previa, munición empleada y protocolos de verificación. Organismos defensores de derechos humanos piden investigación independiente y reparación para familias de menores.
En el terreno, expertos anticipan ajustes operacionales: priorizar inteligencia humana, cercos en tierra, evacuaciones y operaciones quirúrgicas para reducir riesgo a civiles, especialmente si hay señales de reclutamiento forzado en zonas objetivo.
El caso reabre la discusión sobre cómo combatir estructuras criminales sin agravar el daño humanitario. La balanza entre proteger a las tropas y salvaguardar a la niñez será la prueba decisiva de la política de seguridad en los próximos meses.
