Autoridades señalan extorsiones con criptomonedas y líneas que conducen a Bogotá.
La captura de una ciudadana rusa y su pareja en una casa de Llanogrande (Rionegro, Antioquia) abrió un nuevo capítulo en una investigación por extorsiones digitales que operaban mediante plataformas encriptadas y cobros en criptomonedas. El operativo, ejecutado por el Gaula Militar y el CTI, se realizó el 6 de noviembre.
Los detenidos, identificados como Julia Maydankina y Hugo Ernesto Romero Páez, son señalados de integrar la estructura “Red-Dot”, mientras la Fiscalía traza conexiones con el asesinato del empresario y abogado Roberto Franco Charry, ocurrido el 21 de febrero de 2024 en un edificio del Parque de la 93, en Bogotá. La defensa alega que se trata de procesos independientes.
Autoridades explicaron que la red “Red-Dot” habría obtenido datos sensibles de empresarios por ingeniería social y hackeos dirigidos. Con esa información, exigía pagos en criptoactivos y amenazaba con filtraciones o acciones contra su patrimonio.
La diligencia de allanamiento permitió incautar dispositivos y documentación clave para trazar rutas de dinero y comunicaciones. Peritos forenses trabajan en recuperar chats, billeteras y metadatos que permitan individualizar a otros presuntos integrantes.
El Tiempo reveló que en documentos de la empresa El Arrozal y Cía. S.C.A. en disputa societaria aparece el nombre de Romero Páez. La firma fue asesorada por Roberto Franco Charry antes de ser asesinado. La Fiscalía intenta establecer si hay vasos comunicantes entre esas controversias privadas y la red de extorsión.
La hipótesis en estudio no implica, por sí sola, responsabilidad penal sobre hechos de homicidio; sin embargo, los investigadores consideran que las relaciones comerciales y societarias pueden aportar pistas al caso.
De acuerdo con reportes de prensa, la ciudadana rusa sería presunta líder operativa de una red con alcance transnacional, con nodos logísticos en Medellín y Bogotá, y víctimas en varios países. El patrón: abordajes digitales, cobros en criptomonedas y triangulación de pagos para dificultar el rastreo.
En el frente comparado, Colombia ha desmantelado en los últimos años células de estafas y extorsión digital con esquemas similares, que combinan phishing, bases de datos filtradas y amenazas personalizadas.
En paralelo, el expediente del homicidio en Parque 93 tiene procesados y líneas que apuntan a móviles económicos en el entorno de negocios asesorados por la víctima. La conexión que ahora se indaga con “Red-Dot” podría aportar elementos nuevos sobre presiones financieras y conflictos por control accionario.
Fuentes judiciales consultadas por la prensa aclaran que, por ahora, el puente es indiciario: papeles empresariales, relaciones y coincidencias temporales. Corresponderá a la Fiscalía probar si hubo coordinación criminal entre extorsionadores y actores del crimen.
Especialistas en cibercrimen señalan que los cobros en cripto buscan opacar el rastro, pero no son invisibles: análisis de cadena, vínculos con casas de cambio y direcciones repetidas permiten mapear flujos.
Las incautaciones en Llanogrande, computadores, celulares y soportes externos podrían revelar catálogos de víctimas, scripts de contacto y manuales de extorsión.
Voceros de Fuerzas Militares y Fiscalía destacaron el golpe a la estructura digital y anticiparon más diligencias contra presuntos cómplices. Autoridades insisten en denunciar a los extorsionistas y evitar pagos en criptomonedas, por ser combustible del modelo.
En el sector empresarial, gremios piden reforzar protocolos de ciberseguridad, autenticación multifactor y capacitación interna para prevenir filtraciones.
El expediente por la red “Red-Dot” y el asesinato de Roberto Franco Charry avanza por carriles propios, con eventuales cruces que la Fiscalía deberá confirmar o descartar. Las claves estarán en los forenses digitales y en el seguimiento a las billeteras cripto.
