El Presidente defendió la decisión “de alto riesgo” y acusó a Duque de fortalecer a ‘Mordisco’.
La controversia política escaló en Colombia luego del bombardeo de las Fuerzas Militares contra estructuras del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC, comandadas por ‘Iván Mordisco’. La representante Cathy Juvinao cuestionó con dureza la orden presidencial, afirmando que el Gobierno es responsable del fortalecimiento de estos grupos y señalando una presunta justificación de “crímenes de guerra”.
El presidente Gustavo Petro respondió en X que la decisión se tomó para evitar la emboscada de un pelotón de 20 soldados por un grupo de 150 hombres armados en selvas del Guaviare. Sostuvo que su política de paz convive con la acción militar “cuando toca” y atribuyó el auge de las disidencias a la administración anterior por “hacer trizas” el Acuerdo de 2016.
En su hilo, Petro enfatizó que la ofensiva ha resultado en “neutralizaciones por decenas”, recuperación de fusiles e incautaciones de cocaína “por miles de toneladas”. Agregó que la orden de bombardeo buscó salvar vidas de los uniformados ante un riesgo inminente en terreno selvático.
Juvinao replicó que el EMC se fortaleció “75% desde 2022” y acusó al mandatario de justificar ataques en los que, según reportes, fallecieron menores de edad. La congresista pidió rendición de cuentas por la estrategia de seguridad y por la coherencia del discurso de paz.
La Defensoría del Pueblo informó que, en la operación del Guaviare, entre los fallecidos habría al menos seis menores reclutados por las disidencias, lo que encendió alertas de derechos humanos y abrió un debate sobre proporcionalidad y precaución en el uso de fuerza aérea.
En el trasfondo, el Gobierno ha combinado conversaciones con grupos armados con operaciones como Perseo, que revirtió el control insurgente en zonas como El Plateado, Cauca; aun así, el conflicto se ha recrudecido en otras regiones, con ciclos de violencia que golpean al noreste del país.
La discusión sobre responsabilidad política también mira al pasado reciente. Petro sostiene que el fortalecimiento de ‘Mordisco’ ocurrió en el gobierno de Iván Duque por incumplimientos al Acuerdo; críticos responden que la “Paz Total” relajó la presión y permitió reacomodos armados.
Organismos de control y expertos en DIH recordaron las obligaciones del Estado: verificar presencia de civiles y menores, y ajustar la fuerza al objetivo militar. El reporte de víctimas menores reabre lecciones de operaciones previas que marcaron la agenda pública.
En el plano político, la oposición exige explicaciones al Ministerio de Defensa sobre reglas de enfrentamiento y protocolos de prevención de daños colaterales; sectores oficialistas piden no deslegitimar a las tropas en medio de la presión de grupos dedicados al narcotráfico.
El caso en Guaviare podría impactar la gobernabilidad y la agenda de paz. El Ejecutivo busca mostrar control territorial sin perder respaldo ciudadano a la negociación; la oposición intenta fijar costos políticos por errores operacionales.
En reacción, líderes regionales y sociedad civil pidieron garantías de no repetición y atención a comunidades en zonas de riesgo. Se prevén debates de control político y solicitudes de información técnica de la operación.
El Gobierno promete transparencia y defensa de estándares del DIH, mientras la Defensoría insiste en protección reforzada para niños, niñas y adolescentes. El pulso continuará en el Congreso y en la opinión pública.
A corto plazo, la Casa de Nariño recalca que la paz territorial requiere inversión social y autoridad efectiva. Sin cerrar el capítulo, el Ejecutivo afirma que seguirá combinando diálogo y presión militar “cuando sea necesario”.
