Indagan salidas de reclusos de Itagüí para evento de “paz urbana”
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes ordenó abrir investigación previa contra el presidente Gustavo Petro por el llamado “tarimazo” realizado el 21 de junio de 2025 en el Centro Administrativo La Alpujarra, en Medellín. En ese acto público, vinculado a conversaciones de “paz urbana”, el mandatario invitó a la tarima a cabecillas condenados de estructuras como la Oficina de Envigado y La Terraza, quienes se encontraban recluidos en la cárcel de Itagüí y recibieron autorización temporal para asistir.
La decisión consta en el expediente 6992, bajo el estándar de investigación previa contemplado en la Ley 600 de 2000. La Comisión también compulsó copias a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema por menciones a la senadora Isabel Zuleta, presuntamente involucrada en la salida de internos. Adicionalmente, dispuso practicar pruebas y oficios a entidades del Ejecutivo.
Entre las diligencias, el organismo parlamentario pidió al Inpec enviar copias de las resoluciones de traslado y documentos soporte del movimiento de los reclusos el día del evento. Al Ministerio de Justicia le solicitó precisar si conoció o avaló las decisiones administrativas. A Presidencia le requirió certificar órdenes o directrices emitidas por la Secretaría Privada, Jefatura de Gabinete o la Consejería para la Reconciliación en la organización del acto.
Asimismo, la Comisión pidió a RTVC y al Canal Institucional allegar la transmisión oficial del evento como material probatorio. El procedimiento busca establecer responsabilidades administrativas o disciplinarias y, si procede, eventuales consecuencias penales en cabeza de aforados.
El episodio generó malestar político desde junio. Sectores opositores lo interpretaron como una revictimización y un mensaje equívoco frente al sometimiento de organizaciones delincuenciales. El Gobierno ha defendido la línea de diálogo con actores urbanos como parte de su política de paz total.
En paralelo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, envió una carta al Departamento de Estado, la DEA y el FBI de Estados Unidos. En ella, alertó sobre una “situación crítica” de seguridad y cuestionó la presencia de condenados en una tarima oficial, a quienes —según expuso— se presentó como “voceros de paz” pese a tener fallos en firme por homicidio, narcotráfico, secuestro extorsivo, desaparición forzada y otros delitos.
Comparativamente, Colombia ha tenido antecedentes de contactos Estado–criminalidad en el marco de procesos de sometimiento o diálogo, pero no es común que condenados sean expuestos en un escenario institucional durante actos públicos, lo que explica el alto impacto nacional del caso. En el ámbito internacional, iniciativas de “violence interruption” en ciudades de EE. UU. han involucrado mediadores con pasado delictivo, aunque sin equivalentes protocolarios como el observado en Medellín.
El foco ahora está en las autorizaciones: quién las tramitó, con qué fundamento legal y bajo qué responsables administrativos. La Comisión de Acusación deberá dirimir si hubo faltas en la cadena de decisiones, y si el acto se ajustó a los principios de dignidad de las víctimas y a la protección del orden público.
De confirmarse las irregularidades, el proceso podría escalar a etapas formales de instrucción. Si, por el contrario, se acredita la legalidad de los traslados y la finalidad institucional de la actividad, la pesquisa podría archivarse.
El expediente seguirá en fase de recaudo de pruebas. Las autoridades locales y nacionales, así como las víctimas del crimen organizado, observan el curso de la indagación por su valor simbólico y jurídico
