La medida abre la puerta a sanciones penales y financieras más severas.
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció su intención de designar al llamado Cartel de los Soles, con base en Venezuela, como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés), una medida que entraría en vigor el 24 de noviembre de 2025. Según Washington, esta red estaría dirigida por Nicolás Maduro y altos funcionarios de su gobierno, y tendría un rol central en el narcotráfico y en la articulación de actividades catalogadas como terroristas.
La administración estadounidense sostiene que el Cartel de los Soles no solo coordina el envío de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, sino que además brinda apoyo logístico y financiero a otras organizaciones criminales como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa, previamente señaladas por Washington como estructuras terroristas o narcoterroristas. La designación se enmarca en una estrategia más amplia que combina sanciones, acciones judiciales y un creciente despliegue militar en el Caribe.
La calificación como organización terrorista extranjera se realiza bajo la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos. Esta herramienta se ha utilizado tradicionalmente contra grupos yihadistas, milicias armadas y bandas criminales transnacionales, y permite imponer restricciones migratorias, congelar activos bajo jurisdicción estadounidense y penalizar el apoyo material que cualquier persona o entidad proporcione al grupo designado.
En el caso del Cartel de los Soles, la medida se suma a las sanciones previas del Departamento del Tesoro, que en julio de 2025 ya lo había señalado como una entidad terrorista global especialmente designada. Washington afirma que la red opera desde hace décadas dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas y combina control territorial, manejo de rutas de droga, contrabando de combustible y minería ilegal de oro y otros minerales.
Investigaciones periodísticas y expedientes judiciales estadounidenses describen al Cartel de los Soles como una red flexible de células dentro de distintos componentes militares venezolanos más que como un cartel clásico al estilo de las organizaciones mexicanas. No obstante, la narrativa oficial de Estados Unidos plantea que, bajo el liderazgo político de Maduro, esa red habría evolucionado hacia una estructura con capacidad de coordinar violencia y alianzas con grupos armados como las disidencias de las FARC y el ELN.
La decisión llega en un contexto de presión creciente sobre el gobierno venezolano. Además de la ofensiva jurídica y financiera, Washington ha reforzado su presencia militar en el Caribe con el portaaviones USS Gerald R. Ford y buques de guerra adicionales, en operaciones oficialmente justificadas como acciones contra el “narcoterrorismo” en el hemisferio. Analistas advierten que esta combinación de designaciones y despliegue naval remite a antecedentes como la intervención estadounidense en Panamá en 1989.
A nivel regional, la figura del Cartel de los Soles ya había comenzado a aparecer en decisiones políticas de otros países. En 2025, el Senado de Colombia aprobó una proposición que lo declara organización criminal transnacional y terrorista que amenaza la seguridad nacional y regional, mientras que gobiernos como los de Argentina y República Dominicana han emitido pronunciamientos en la misma línea, instruyendo a sus organismos de seguridad a monitorear posibles incursiones de la red.
Organismos de derechos humanos y organizaciones especializadas en crimen organizado recuerdan que, aunque existen múltiples indicios de participación de altos mandos venezolanos en el narcotráfico, parte de la comunidad académica considera que el concepto de Cartel de los Soles se ha utilizado también como metáfora política para describir la convergencia entre poder estatal y economías ilícitas. Este debate ha estado presente desde las primeras denuncias en los años noventa y se reaviva ahora ante la etiqueta formal de “organización terrorista extranjera”.
En términos jurídicos, la designación implica que cualquier persona bajo jurisdicción estadounidense que proporcione “apoyo material” al Cartel de los Soles —desde financiamiento hasta servicios o equipamiento— puede enfrentar penas de hasta 20 años de prisión, o cadena perpetua si sus actos derivan en muertes, según la legislación federal. Además, la inclusión del grupo en las listas del Departamento de Estado y el Tesoro sirve de referencia para que otros países adopten medidas similares en sus propios marcos legales.
Desde Caracas, el gobierno de Nicolás Maduro ha rechazado en ocasiones anteriores las acusaciones de narcotráfico y la existencia del Cartel de los Soles como estructura organizada, calificando este tipo de señalamientos como parte de una “guerra política y mediática” impulsada por Washington.
Organizaciones de la diáspora venezolana en Estados Unidos y Europa han celebrado el anuncio, argumentando que otorga más herramientas para perseguir las redes financieras y logísticas que, según ellas, sostienen al régimen. Al mismo tiempo, expertos advierten que la medida puede aumentar la tensión en el Caribe y elevar el riesgo de incidentes militares o de mayor aislamiento internacional para Caracas, en un escenario ya marcado por sanciones económicas y crisis humanitaria prolongada.
En los próximos días, el foco estará puesto en cómo se implementa la designación, qué nombres y entidades asociadas se suman a las listas de sancionados y cómo reaccionan los aliados de Venezuela en la región y fuera de ella. La decisión de Washington marca un nuevo punto de inflexión en la larga disputa con el gobierno de Nicolás Maduro, y su impacto concreto en el terreno.
