Costos rondan €3.100 millones, según reportes internacionales.
Gustavo Petro defendió este lunes el contrato firmado con el Gobierno de Suecia para la adquisición de 17 aviones de combate Gripen destinados a la Fuerza Aeroespacial Colombiana. El mandatario negó “sobrecostos” y aseguró que el acuerdo contempla mantenimiento, repuestos, transferencia de tecnología y compromisos de compensación industrial (offsets), alineados con la modernización de capacidades y la participación de la industria nacional.
La operación, cuyo valor se ha estimado en €3,1 mil millones (US$3,62 mil millones) o $16,5 billones de pesos, fue oficializada a mediados de noviembre. Saab entregará las aeronaves entre 2026 y 2032, de acuerdo con reportes de prensa y comunicados empresariales. Petro subrayó que la selección fue avalada por el soporte técnico de la FAC y surgió de un proceso comparativo con ofertas de otros países.
El jefe de Estado respondió también a la controversia por la vida privada de Verónica Alcocer, señalando que se ha mantenido separado de la primera dama “hace años” y que su vida personal no interfiere en decisiones oficiales. En ese marco, invitó a la UIAF a publicar la trazabilidad de sus cuentas para despejar dudas, tras mencionar señalamientos y debates políticos.
En sus mensajes, Petro insistió en que “no hay sobrecostos” y que la negociación con Suecia se extendió durante todo su Gobierno, con antecedentes en propuestas del Ejecutivo anterior. Agregó que Suecia constituye “un ejemplo de transparencia” y que el país busca replicar ese estándar en compras estratégicas con recursos públicos.
De acuerdo con fuentes del sector, el contrato trae offsets en áreas de tecnología e industria, además de adecuación de infraestructura (pistas, hangares y soporte logístico). Estos compromisos buscan efectos multiplicadores más allá del componente militar, en línea con prácticas de cooperación industrial presentes en compras similares de la región.
La cifra de aviones —17 Gripen E/F— y el rango de valores se han reportado de forma consistente por agencias internacionales y medios económicos. La entrega escalonada permitiría el retiro definitivo de la flota Kfir y una transición operacional con entrenamiento y soporte técnico asociados.
En el plano político, el anuncio ocurre mientras arrecian críticas opositoras por las prioridades fiscales. La Presidencia argumenta que, además de la superioridad aérea, el paquete incluye mantenimiento y repuestos que reducen riesgos de obsolescencia y costos ocultos, además de participación local.
Expertos en defensa consultados por la prensa especializada han resaltado que el Gripen ofrece relación costo/beneficio favorable frente a opciones de quinta generación, y que los offsets bien estructurados pueden favorecer innovación y cadenas de suministro. No obstante, advierten que la ejecución y verificación de metas industriales será clave.
A nivel regional, Brasil ya opera y ensambla Gripen con Saab, mientras que otros países han optado por flotas F-16 o Rafale según sus doctrinas y presupuestos. En Colombia, la decisión cierra un proceso de más de una década para reemplazar los Kfir.
Para la UIAF, el reto será el tratamiento legal de datos financieros y eventuales reservas. La oposición exige auditorías integrales al contrato; el Gobierno asegura que la negociación se hizo con acompañamiento técnico y salvaguardas anticorrupción.
La oposición cuestionó la pertinencia del gasto y pidió mayor detalle público del contrato, su cronograma y los compromisos de transferencia tecnológica. Desde el oficialismo se señaló que la compra renueva una capacidad crítica y fortalece la disuasión aérea, con efectos en seguridad y soberanía.
En redes, la polémica sobre la primera dama siguió alimentando el debate. Petro reiteró que su círculo familiar “no vive del Estado” y volvió a enmarcar las críticas en una disputa política. Analistas prevén que el control político en el Congreso se concentre en cláusulas de desempeño, hitos de pago y verificación de offsets.
La compra de los 17 Gripen abre una fase de implementación que deberá medirse en transparencia, costos totales y beneficios industriales. El Gobierno promete publicar información y la oposición exigirá control permanente.
