El órgano de control advirtió que la ausencia del decreto para reconocer la bonificación de la rama judicial puede generar pasivos contingentes y presionar la regla fiscal del sector justicia.
La Contraloría General de la República encendió las alarmas por la situación de la bonificación anual que deben recibir los funcionarios de la rama judicial en Colombia. A través de la Delegada para el Sector Justicia, el órgano de control advirtió que, cuando faltan apenas seis semanas para que termine 2025, el Gobierno Nacional aún no ha expedido el decreto que autoriza el pago de este beneficio, indispensable para completar el ingreso de miles de trabajadores del sector. Cada año, la administración central debe emitir una norma específica para reconocer este concepto, pero en esta ocasión el trámite permanece detenido y sin una explicación pública detallada.
Según los datos recopilados por la Contraloría, son alrededor de 59.000 trabajadores judiciales en todo el país los que no han recibido el pago correspondiente a su bonificación, pese a que ya han transcurrido once meses del año. La entidad recordó que se trata de un derecho laboral reconocido por la ley, que hace parte de las condiciones salariales y prestacionales acordadas para jueces, magistrados, fiscales y demás servidores del sector justicia. Por ello, el retraso no solo tiene impacto en el bolsillo de los funcionarios, sino que también se traduce en un incumplimiento potencial de las obligaciones del Estado como empleador.
En su pronunciamiento, la Contraloría insistió en que diversas entidades afectadas ya han solicitado en varias oportunidades al Ministerio de Hacienda y al propio Gobierno Nacional que se realicen las apropiaciones presupuestales necesarias para iniciar los trámites administrativos y financieros que permitan girar el monto acumulado. Hasta ahora, sin embargo, no se conoce un cronograma concreto para subsanar el atraso ni un anuncio oficial sobre la firma inminente del decreto, lo que mantiene el clima de incertidumbre entre los servidores judiciales.
El órgano de control financiero advirtió que aún existe la posibilidad de que el Ejecutivo expida la norma antes de que finalice el año. No obstante, advirtió que, si el proceso se sigue aplazando y el decreto se firma una vez cerrado el ejercicio fiscal de 2025, el Estado podría incurrir en graves riesgos fiscales. La principal preocupación radica en que las obligaciones por bonificación tendrían que cubrirse con recursos no previstos en el presupuesto actual, lo que obligaría a hacer ajustes en las vigencias futuras y tensionaría la planeación financiera del sector.
De acuerdo con la Contraloría, la falta de expedición oportuna del decreto que reajusta la bonificación de la rama judicial puede derivar en la creación de pasivos contingentes, es decir, compromisos que no están reflejados en las cuentas oficiales, pero que el Estado tendrá que asumir en algún momento. Una vez firmada la norma, el Ministerio de Hacienda estaría obligado a buscar fuentes adicionales de financiación o a recortar rubros ya asignados, con el consiguiente impacto sobre otras políticas públicas o programas en marcha.
El ente de control también subrayó que, a tan solo semanas de terminar el año, la acumulación de obligaciones no reconocidas podría afectar el principio de sostenibilidad fiscal. En la práctica, esto implica abrir una brecha entre lo que el Estado presupuestó y lo que realmente debe pagar, lo que pone en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas y puede generar efectos directos sobre la regla fiscal del sector justicia. Un escenario de este tipo, advirtió la Contraloría, tiene el potencial de debilitar la confianza en la disciplina presupuestal del país y aumentar la presión sobre las finanzas públicas en los próximos ejercicios.
Por todo lo anterior, la Contraloría llamó al Gobierno Nacional a actuar con celeridad y a cumplir el principio de eficiencia en el gasto público. El órgano de control pidió evitar duplicidades de trámites administrativos, reprocesos contables y costos adicionales por intereses o eventuales sanciones, que terminarían encareciendo el pago de una obligación que ya está reconocida en la normatividad vigente. El mensaje de la entidad es claro: cada día de retraso no solo afecta el bolsillo de los funcionarios judiciales, sino que también encarece la carga fiscal del Estado y complica la gestión de los recursos de todos los colombianos.
La advertencia de la Contraloría sobre la bonificación pendiente para los funcionarios de la rama judicial pone de relieve la importancia de una gestión oportuna y transparente del presupuesto público en Colombia. De la rapidez con la que el Gobierno expida el decreto y garantice el pago a los 59.000 trabajadores dependerá no solo la tranquilidad de miles de familias, sino también la estabilidad fiscal del sector justicia y el cumplimiento de la regla fiscal. El caso se convierte así en un nuevo termómetro para medir la eficiencia del gasto público y la capacidad del Estado para honrar sus compromisos laborales sin poner en riesgo las finanzas nacionales.
