El fallo reacomoda el mapa de poder en la universidad más grande del país.
La Sección Quinta del Consejo de Estado anuló la designación de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL). El tribunal consideró que el Consejo Superior Universitario (CSU) actuó sin competencia al reabrir, en junio de 2024, un proceso que ya había concluido legalmente en marzo de ese año con la elección de José Ismael Peña.
El alto tribunal emitió sentencia de única instancia, lo que cierra la discusión judicial sobre la validez del acto que llevó a Múnera a la rectoría 2024–2027. La decisión llega tras un pulso de casi año y medio, atravesado por protestas estudiantiles y choques entre Gobierno, directivas universitarias y comunidad académica.
En el fallo, el Consejo de Estado sostuvo que el acto inicial de designación de Peña gozaba de presunción de legalidad y que solo la jurisdicción contenciosa podía revocar un acto definitivo. Por eso, el CSU no podía corregir el proceso en una fase posterior, como hizo al nombrar a Múnera en junio de 2024.
La sentencia además recoge que el primer nombramiento (marzo de 2024) fue ajustado a derecho. En consecuencia, el acto que designó posteriormente a Múnera carecía de validez por falta de competencia del órgano que lo expidió.
El caso escaló en medio de una consulta no vinculante en la que Múnera fue el más votado por la comunidad académica, y de la no firma del acta por parte de la entonces ministra de Educación. El episodio desembocó en paros y una crisis de gobernabilidad que se extendió por varias semanas en 2024.
Tras conocerse la decisión, Múnera expresó que acatará el fallo, aunque lo calificó como “muy estricto” con el CSU que lo designó y “laxo” con el CSU que eligió a Peña. Por su parte, Peña celebró el pronunciamiento y afirmó que ejercerá la rectoría cuando quede en firme la notificación, aunque hay quienes sostienen que el CSU debe designar un nuevo titular conforme a la sentencia.
¿Qué viene ahora? Juristas consultados señalan dos escenarios: la restitución de Peña, en coherencia con la validación del primer acto, o una nueva designación por parte del CSU que armonice el fallo con la situación actual de la universidad. La interpretación operativa quedará en manos del propio Consejo y de las autoridades universitarias.
La anulación remueve el tablero político interno de la UNAL. Facultades, sindicatos y asociaciones estudiantiles anticipan asambleas y movilizaciones para presionar que se respete la consulta universitaria o, por el contrario, que se restablezca sin dilaciones la primera designación.
El Gobierno, que en distintos momentos se alineó con el cambio de rectoría de 2024, deberá ahora cuidar la autonomía universitaria y garantizar el funcionamiento académico en cierre de semestre, mientras el CSU ajusta el camino jurídico.
En el ámbito comparado, Colombia ha vivido episodios similares de anulación de nombramientos por vicios de competencia y debido proceso. El fallo envía una señal de seguridad jurídica sobre la intangibilidad de los actos administrativos definitivos, incluso en contextos de alta presión social.
Federaciones estudiantiles y colectivos que respaldaron a Múnera anunciaron manifestaciones y espacios de deliberación; alertan sobre un eventual nuevo paro si se impone la restitución de Peña. Desde el lado contrario, exdirectivos y profesores afines al primer acto piden cumplir el fallo y normalizar la vida académica lo antes posible.
Peña declaró a medios que asumirá la rectoría cuando el fallo quede ejecutoriado, mientras Múnera insistió en que el CSU deberá definir la ruta institucional. Las autoridades universitarias preparan sesión extraordinaria para analizar la sentencia y sus efectos inmediatos sobre la administración.
La Universidad Nacional entra a una fase decisiva: ejecutar el fallo sin fracturar la gobernanza académica. El desafío es garantizar clases y servicios, y reconducir la discusión hacia reglas claras y aceptación de resultados.
