La acción habría sido planeada para el 3 de junio en Teusaquillo, pero no se ejecutó.
La Fiscalía General de la Nación abrió un nuevo proceso por terrorismo contra Katherine Andrea Martínez Martínez, ya vinculada a la investigación por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Según el ente acusador, la mujer habría planeado y coordinado una acción terrorista en la localidad de Teusaquillo, Bogotá, que finalmente no se ejecutó.
De acuerdo con los investigadores, el plan contemplaba el uso de una bomba tipo lapa con detonador, que sería instalada por un menor de edad. La operación habría sido frustrada por la presencia de unidades de Policía en el sector, lo que impidió llevar el artefacto al punto de detonación.
La sospechosa habría asumido la logística criminal, incluyendo vigilancias de la zona, el transporte del explosivo y la entrega del dispositivo al menor. Por estos hechos, un fiscal seccional de Bogotá le imputó el delito de terrorismo, cargo que la mujer no aceptó.
Martínez ya estaba privada de la libertad por su presunta participación en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, atacado a tiros el 7 de junio de 2025 durante un acto de campaña en Bogotá y fallecido el 11 de agosto de 2025 tras complicaciones médicas. El caso reavivó la preocupación por la violencia política en el país.
La investigación por el magnicidio ha dejado varios capturados, incluido el adolescente que disparó contra el senador y fue condenado a siete años en un centro de rehabilitación para menores. Las autoridades todavía buscan a los determinadores del crimen.
En el expediente por terrorismo, la Fiscalía sostiene que existe material probatorio que situaría a Martínez en la planificación y coordinación del atentado fallido. La hipótesis incluye coordinación con terceros y la utilización de un menor, conducta que agrava la imputación.
Fuentes oficiales en Bogotá confirmaron que el presunto plan del 3 de junio se frenó minutos antes por la alerta policial en la zona. El ente acusador no reveló el objetivo específico ni la motivación del ataque, por tratarse de información bajo reserva.
El magnicidio de Uribe Turbay, figura del Centro Democrático, fue catalogado por organismos nacionales e internacionales como uno de los hechos de violencia política más graves de las últimas décadas. El caso cuenta con apoyo de cooperación internacional.
Autoridades han señalado que detrás del ataque podría haber una red criminal, línea de investigación que sigue en curso. La Fiscalía insiste en que se avanza para identificar a responsables intelectuales.
Mientras tanto, el proceso por terrorismo contra Martínez seguirá su curso con nuevas diligencias y la eventual solicitud de medidas adicionales, de considerarse necesarias por el juez de garantías.
Sectores políticos reiteraron su rechazo a la utilización de menores en acciones delictivas y pidieron resultados rápidos y transparentes. Organizaciones cívicas señalaron que estos hechos demandan refuerzos en inteligencia y protección a líderes políticos.
Desde el ámbito judicial, expertos recuerdan que la imputación no implica condena y que se debe garantizar el debido proceso. El caso abre debate sobre el alcance de la tipificación de terrorismo cuando un plan se frustra antes de ejecutarse.
El nuevo expediente por terrorismo contra la mujer ya investigada por el magnicidio de Uribe Turbay añade presión a una causa que el país sigue con atención. La identificación de autores intelectuales y la desarticulación de posibles redes criminales serán claves.
