La joven de 25 años murió por un disparo de fusil en Chiscas, Boyacá
Una muerte catalogada inicialmente como “extraña” tiene consternado al municipio de Chiscas, en el norte de Boyacá. En la noche del miércoles 19 de noviembre, una trabajadora social de 25 años perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza, presuntamente accidental, cuando su esposo, subteniente de la Policía y comandante de la estación local, manipulaba su fusil de dotación.
La víctima, identificada por las autoridades como una joven profesional reconocida por su labor comunitaria, había llegado hace pocos meses al municipio junto a su esposo, trasladado recientemente para asumir el mando de la Estación de Policía. La Fiscalía y los organismos de control investigan las circunstancias del disparo y analizan si el caso corresponde a un homicidio culposo o si podría configurarse un feminicidio.
De acuerdo con la versión difundida por Noticias Caracol y otros medios nacionales, la tragedia se produjo mientras el subteniente manipulaba un fusil tipo Galil que le había sido asignado por la situación de orden público en la zona. El arma se habría accionado de manera involuntaria y el proyectil impactó de forma directa a la joven, causándole la muerte.
En un primer momento, algunas versiones señalaron que los hechos ocurrieron en un puesto de comidas rápidas, mientras la pareja cenaba junto a otros uniformados. No obstante, el abogado del oficial sostuvo después que el disparo se produjo en la vivienda donde residían, a pocas cuadras de la Estación de Policía. Esa diferencia sobre el lugar del suceso es una de las líneas que hoy revisan los investigadores.
Tras el impacto, el subteniente habría intentado llevar a su esposa de urgencia al hospital del municipio en una patrulla. Sin embargo, según los reportes, el vehículo sufrió un volcamiento en el trayecto, presuntamente por la conmoción del uniformado. La joven fue ingresada al centro asistencial sin signos vitales, y los médicos solo pudieron confirmar su deceso.
El oficial fue puesto a disposición de la Fiscalía, que abrió proceso penal y recolectó testimonios de los otros policías presentes, personal de salud y vecinos. El arma de dotación fue incautada para peritajes balísticos que permitan determinar la trayectoria del proyectil, la distancia del disparo y la posición de los implicados al momento del hecho.
La investigación también revisa el entrenamiento y la experiencia del subteniente en el manejo del fusil, toda vez que algunos informes señalan que el arma le había sido entregada recientemente por razones de seguridad en la zona y que no tendría un amplio recorrido con ese tipo de dotación.
Mientras avanza el proceso, el abogado defensor sostiene que se trató de un accidente y que su representado no tuvo intención de causar la muerte de su esposa. Según su relato, el uniformado se encontraba manipulando el arma al regresar de una situación de alerta por un supuesto hostigamiento a un batallón cercano, cuando se produjo el disparo involuntario.
La joven fallecida era oriunda de otro municipio de Boyacá y se desempeñaba como trabajadora social, vinculada a programas con comunidades vulnerables y proyectos de salud pública. Autoridades locales y líderes de la región resaltan que, pese al poco tiempo de residencia en Chiscas, ya era reconocida por su trabajo comunitario y cercanía con la población.
En un contexto nacional marcado por altos niveles de violencia contra las mujeres y numerosos casos de feminicidio, organizaciones de mujeres y ciudadanos han pedido que el caso se trate con rigor, sin descartar ninguna hipótesis hasta que se conozcan los resultados de las pericias.
La muerte de la joven ha generado un profundo duelo en Chiscas y en su municipio de origen, donde las autoridades locales emitieron comunicados de condolencia dirigidos a la familia. En redes sociales, amigos, excompañeros de estudio y colegas han compartido mensajes recordando su trabajo y su compromiso con el servicio social.
Instituciones estatales y organizaciones civiles insisten en la necesidad de fortalecer los protocolos de manejo de armas de dotación, especialmente en zonas donde la Policía asume tareas de vigilancia en contextos de tensión. El caso reabre el debate sobre los controles internos y las responsabilidades disciplinarias cuando se producen muertes atribuidas a disparos “accidentales”.
Mientras tanto, la Fiscalía continúa recopilando pruebas para definir la imputación: homicidio culposo, si se confirma que fue un error en la manipulación del arma, o feminicidio, en caso de que se establezca un contexto de violencia de género o intencionalidad. Se esperan avances en los próximos días, una vez se conozcan los resultados técnicos y las evaluaciones psicológicas del oficial.
La comunidad de Chiscas trata de asimilar la pérdida de la joven profesional mientras reclama verdad y justicia. El caso, que involucra al propio comandante de la Estación de Policía, podría marcar un precedente en el manejo de hechos en los que un arma oficial termina cobrándose la vida de una civil en circunstancias aún por esclarecer.
