El proyecto buscaba recaudar hasta $26 billones en 2026, con impuestos a carbono, renta y consumos.
El trámite de la reforma tributaria del Gobierno quedó virtualmente hundido tras la radicación de dos ponencias de archivo: una en la Comisión Tercera del Senado, liderada por Efraín Cepeda, con 10 de 17 firmas; y otra en la Cámara de Representantes, presentada por Katherine Miranda. La doble movida dejó al Ejecutivo sin los votos para avanzar en comisiones económicas, el primer filtro para cualquier reforma fiscal.
La iniciativa, defendida por el Ministerio de Hacienda como pieza clave para estabilizar las finanzas públicas en 2026, proyectaba un recaudo cercano a $26 billones. Sus críticos sostienen que elevaba la presión sobre hogares y empresas, con énfasis en impuestos ambientales, ajustes en renta personal y cargas al ahorro y al mercado de capitales.
Las mayorías alcanzadas en el Senado se consolidaron alrededor de un documento radicado por Cepeda, que cuestiona el impacto de la reforma sobre los costos de producción y el consumo. Su despacho informó el respaldo de 10 comisionados, número suficiente para inclinar la balanza en una comisión de 17 integrantes, dejando al Gobierno sin margen de maniobra político.
En la Cámara, la representante Katherine Miranda registró su ponencia negativa con argumentos similares: el país, dijo, “no aguanta más impuestos”. Señaló que el impuesto al carbono encarecería combustibles y transporte, golpeando a sectores de bajas y medias rentas y tensionando la canasta básica por mayores costos logísticos.
El proyecto incluía un paquete de medidas para ampliar el recaudo: ajustes a renta de personas naturales, tratamiento de dividendos y ganancias ocasionales, ajustes a renta corporativa, y un componente ambiental con alza del impuesto al carbono. Además, contemplaba gravámenes a consumos específicos (alcohol, tabaco), apuestas y varios servicios.
Según la ponencia de archivo en Cámara, la presión tributaria efectiva habría aumentado por encima de la media regional en un contexto de desaceleración, con riesgos sobre inversión y empleo. A juicio de los firmantes, mantener la renta empresarial en 35% frente a un promedio OCDE cercano a 23% dificultaría la competitividad.
Para el Gobierno, el ajuste buscaba atender el hueco fiscal y cumplir metas de sostenibilidad tras un 2025 marcado por menores ingresos y mayores necesidades de gasto. En el Marco Fiscal se advertía que, sin nuevas medidas, el déficit presionaría la deuda y encarecería el financiamiento.
Sin embargo, la oposición y sectores independientes consideraron que el diseño cargaba demasiado sobre personas y empresas, y que no corregía las ineficiencias del gasto. Varios legisladores propusieron, en cambio, austeridad y mejor gestión de exenciones antes que nuevos tributos.
En el Senado, el bloque que apoyó el archivo incluyó congresistas de Conservador, Centro Democrático, Cambio Radical y partes de La U y liberales. En Cámara, la disidencia de algunos verdes se hizo visible con la radicación de Miranda.
El impuesto al carbono fue el punto más sensible: gremios de transporte alertaron por una escalada en gasolina y diésel, con efecto dominó sobre fletes, alimentos y tarifas urbanas. Expertos en transición energética pidieron una tarifa gradual con amortiguadores sociales y productivos.
Comparado con episodios previos, como la reforma de 2022 y los intentos fallidos de 2024, la novedad fue la coincidencia de archivos en ambas cámaras casi en simultáneo, que dejó a la Casa de Nariño sin espacio para negociación rápida.
Voceros de bancadas que respaldaron el archivo celebraron el “freno a nuevos impuestos” y solicitaron priorizar austeridad del gasto y lucha contra la evasión. Desde gremios empresariales se advirtió que la incertidumbre tributaria recurrente enfría decisiones de inversión.
En el Gobierno se estudian alternativas: recortes y traslados presupuestales, reordenamientos de gasto y un posible replanteamiento de la propuesta para 2026, con énfasis en simplificación, progresividad y señales pro-crecimiento.
Con ponencias de archivo en Senado y Cámara, la reforma tributaria ingresa en caída libre. A la espera de la votación formal en comisiones, el desenlace luce cantado: el Ejecutivo deberá rediseñar su estrategia fiscal, equilibrando recaudo, competitividad y protección social.
