El informe cita a “Calarcá”; piden verificación judicial.
El Ministerio de Defensa anunció la apertura de una investigación para verificar señalamientos sobre presuntos nexos de funcionarios del Gobierno con estructuras disidentes, luego de un informe periodístico en televisión que citó a una fuente identificada como “Calarcá”. La Presidencia rechazó de plano las acusaciones y pidió que cualquier elemento sea puesto en manos de la justicia.
De acuerdo con lo revelado por W Radio, la instrucción busca determinar si hubo contactos indebidos o actuaciones que comprometan a miembros del Ejecutivo, así como establecer responsabilidades penales o disciplinarias si corresponde. La cartera de Defensa remitirá información a la Fiscalía y activará sus mecanismos de control interno.
El reporte televisivo de Caracol Noticias referenció a “Calarcá”, supuesto integrante de una disidencia, quien habló de presuntos acercamientos con nombres de la institucionalidad. Por la naturaleza de la fuente, expertos insisten en la necesidad de corroborar judicialmente su testimonio y contrastarlo con registros oficiales.
La Presidencia negó que exista coordinación con estructuras ilegales y recordó que el Gobierno ha mantenido líneas de acción dentro del marco constitucional para la llamada “paz total”. Enfatizó que cualquier afirmación debe sustentarse con pruebas ante autoridades competentes.
La orden incluye recopilación de documentos, entrevistas internas y trazabilidad de decisiones en áreas sensibles de seguridad. Defensa indicó que colaborará con la Fiscalía en lo que se requiera y que, de hallar indicios, se compulsarán copias a los entes de control.
En los últimos meses, informes periodísticos han cuestionado movimientos de personal en el sector seguridad y decisiones administrativas. Aunque algunas versiones mediáticas han señalado a oficiales o exoficiales por antecedentes o menciones en expedientes, su situación debe clarificarse en los estrados, no en el debate mediático.
Analistas advierten que, de confirmarse cualquier vínculo, se trataría de un hecho grave que afectaría confianza pública y coordinación operativa en regiones donde la Fuerza Pública enfrenta a disidencias. En contraste, si se descarta, reforzaría la legitimidad de los procesos de seguridad y de la política de paz.
En contextos de diálogo y sometimiento en otros países, la regla ha sido blindar institucionalmente los canales oficiales e investigar de inmediato cualquier versión de infiltración o contactos no autorizados, a fin de preservar la cadena de mando y la integridad de las operaciones.
La Fiscalía evaluará si hay mérito para abrir indagación formal. Paralelamente, los órganos de control disciplinario podrían activar procesos reservados. El Gobierno reiteró que colaborará con las autoridades y pidió no anticipar juicios mediáticos.
Desde sectores políticos se pidió celeridad y transparencia. Organizaciones civiles insistieron en proteger a eventuales testigos y evitar filtraciones que puedan entorpecer la investigación. Expertos en seguridad recomiendan trazabilidad total de comunicaciones oficiales.
Si hay hallazgos, podrían venir traslados, retiros o sanciones, además de eventuales imputaciones. Si no, el Ejecutivo buscaría cerrar el capítulo reforzando protocolos y auditorías sobre contactos con grupos armados, dentro o fuera de escenarios formales de diálogo.
Al cierre, la instrucción del MinDefensa abre una fase de verificación institucional que será clave para despejar dudas y proteger la confianza ciudadana.
