La votación definirá qué versión pasa al primer debate
El Gobierno radicó en el Congreso una ponencia positiva de la reforma tributaria que busca recaudar $16,3 billones, luego de recortar cerca de $10 billones frente al planteamiento original. El documento saca del paquete varios impuestos polémicos, a iglesias, ACPM/combustibles, y eventos, con el propósito de ampliar el consenso político y evitar impactos inmediatos sobre precios.
Aun así, el trámite arranca cuesta arriba: solo 10 de 46 coordinadores y ponentes firmaron la ponencia favorable, mientras dos ponencias negativas piden archivar el proyecto. Las cuatro comisiones económicas decidirán cuál texto sigue a primer debate y si se mantiene la meta de recaudo para cerrar el hueco fiscal de 2026.
La nueva propuesta reduce el recaudo estimado a $16,3 billones al retirar o modificar cargas que generaron resistencias, entre ellas el IVA a combustibles, los gravámenes a iglesias y el impuesto al consumo sobre conciertos y eventos deportivos. Con ello, Hacienda intenta blindar la aprobación sin presionar la inflación ni abrir frentes sociales.
El ajuste responde también a la falta de mayorías visibles: la ponencia llegó con 10 firmas de 46 posibles, un síntoma de fragmentación entre los bloques que definen el trámite fiscal. El pulso político se dará en comisiones conjuntas; ahí compiten una ponencia positiva y dos negativas que solicitan archivar la iniciativa.
Frente a empresas, se mantienen medidas como sobretasa al sistema financiero, mientras se desmontan otras propuestas que golpeaban al consumo masivo y entretenimiento. El Gobierno defiende que el ancla de $16,3 billones permite sostener programas y el presupuesto 2026, tras la reducción de $10 billones acordada en el trámite presupuestal.
La cartera de Hacienda, liderada por Germán Ávila Plazas, argumenta que el rediseño incorpora señales de responsabilidad fiscal y busca estabilizar expectativas en medio de un deterioro de ingresos y presiones de gasto. En meses previos el Ejecutivo barajó montos mayores de recaudo para financiar el presupuesto, pero optó por una ruta más minimalista tras el ajuste al Presupuesto 2026.
El Gobierno enfatiza que no habrá un golpe adicional a los combustibles, uno de los puntos más sensibles por su transmisión a transporte y alimentos. El retiro del IVA a la gasolina y del tributo al ACPM desinfla la discusión que podía complicar tanto el costo de vida como el respaldo de bancadas regionales.
En el capítulo de personas naturales también hubo recortes: se elimina el ajuste a tarifas que empezaba a regir en 2027, manteniendo el statu quo mientras se evalúan reformas integrales más adelante. Para eventos y servicios de esparcimiento, el texto también retira la carga que había encendido alertas en el sector cultural.
El calendario es apretado: las comisiones económicas deben votar la ponencia que servirá de base y definir si hay unificación de textos. De ganar la positiva, aún faltarán cuatro debates para aprobación definitiva, con espacio para articulado nuevo y ajustes.
En paralelo crece la oposición. Voces como la del senador Efraín Cepeda sostienen que existen votos para hundir la reforma por su supuesta ineficacia y riesgos al crecimiento. La bancada de centro también duda del momento para una reforma tributaria en una economía que apenas se reacelera.
Para los mercados, un recaudo de $16,3 billones luce más factible políticamente, pero persiste el riesgo de desfinanciar prioridades si el proyecto se cae o se recorta más en el Congreso. Analistas advierten que, sin una fuente clara y permanente, el Gobierno podría apelar a deuda o recortes adicionales.
En el frente político, la salida de impuestos sensibles desactiva conflictos con iglesias, transporte y cultura, aunque no garantiza mayorías. El desenlace dependerá de la negociación fina en comisiones y del margen del Ejecutivo para ceder sin perder la columna de recaudo.
La ponencia positiva llega como una apuesta pragmática: menos recaudo, menos frentes de choque y más posibilidades de supervivencia. Si prospera, le dará aire al Presupuesto 2026; si cae, el Gobierno deberá mover fichas con nuevo texto o plan B fiscal.
