El juez dejó constancia de que no aceptó ninguno de los delitos formulados
La audiencia de imputación de cargos contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, se reanudó este 26 de noviembre ante el Juzgado 14 Penal Municipal de Barranquilla. Allí, la Fiscalía General de la Nación le recordó al exdiputado del Atlántico los seis delitos que le atribuye por presunto desvío de recursos públicos y maniobras contractuales mientras ejercía su cargo en la Asamblea Departamental.
Uno a uno, el juez le pidió responder si aceptaba o no los cargos. Frente a cada imputación —dos de interés indebido en la celebración de contratos, dos de peculado por apropiación, dos de tráfico de influencias, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público— Petro Burgos repitió la misma frase: “no acepto”. La diligencia dejó oficialmente consignado que el procesado no se allanó a ninguno de los señalamientos de la Fiscalía.
Según la investigación, los hechos se remontan a 2021 y 2022, cuando Nicolás Petro, ya posicionado como uno de los diputados más votados del Atlántico, habría intervenido en la celebración de dos contratos de la Gobernación con la Fundación FUCOSO. Los convenios, por 400 y 572 millones de pesos, estaban dirigidos a programas sociales para adultos mayores, pero el ente acusador sostiene que se usaron como mecanismo para desviar recursos públicos.
La Fiscalía sostiene que Petro, aunque no tenía facultad para firmar contratos, habría usado su influencia política para direccionar la contratación a favor de FUCOSO. El objetivo no habría sido fortalecer estos programas, sino garantizar el acceso a los anticipos y a parte del valor de los contratos, que luego se habrían repartido entre los involucrados. El ente acusador calificó el esquema como un “acuerdo corrupto” para apropiarse de dineros del Estado.
En el capítulo de peculado por apropiación, la imputación detalla que el exdiputado se habría quedado con unos 111 millones de pesos, producto de los anticipos de ambos contratos: 72 millones del primero, celebrado en 2021, y 39 millones del segundo, en 2022. Aunque su rol fue el de interviniente —y no de ordenador del gasto—, la Fiscalía argumenta que sin su gestión política no habría sido posible concretar el desvío de estos recursos.
El tráfico de influencias aparece como tercer bloque de cargos. De acuerdo con el relato fiscal, el peso político de Petro Burgos en la región le habría permitido presionar, por un lado, a la entonces gobernadora del Atlántico para asegurar y ampliar los contratos, y por otro, al secretario general del departamento para que agilizara pagos y autorizara modificaciones contractuales. La influencia habría sido política y no económica, pero suficiente para incidir en las decisiones administrativas.
La imputación también incluye dos delitos de falsedad: uno en documento privado y otro en documento público. Según la fiscal del caso, Lucy Laborde, Nicolás Petro habría hecho registrar en su hoja de vida una vinculación laboral inexistente con la empresa Energía Delta Limitada y habría obtenido certificaciones infladas sobre supuestos abonos para la compra de una vivienda. Estos documentos, elaborados “por solicitud suya”, habrían sido incorporados después a sistemas oficiales como el SIGEP y a sus declaraciones de renta, configurando falsedad ideológica en documento público.
Durante la diligencia, la Fiscalía retiró el delito de falso testimonio al considerar que la conducta quedaba subsumida en la falsedad ideológica en documento público, una calificación más específica según el ente acusador. El juez avaló la decisión y dejó registro formal de la modificación en la lista de delitos. Petro Burgos resaltó ese punto en su intervención, insistiendo en que hubo una “renuncia a un delito completo” por parte del ente investigador.
Este caso se suma a otros procesos en los que el hijo del presidente ha sido mencionado por presuntas irregularidades en el manejo de recursos, incluidos señalamientos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos relacionados con dineros que, según su exesposa Day Vásquez, habrían entrado a su entorno desde 2022 con supuestos vínculos a narcotraficantes y que no habrían terminado en la campaña presidencial, sino en gastos personales.
En el plano político, el proceso vuelve a poner bajo la lupa al entorno familiar del presidente Gustavo Petro. Desde 2023, el propio mandatario pidió a la Fiscalía investigar a su hijo y a su hermano Juan Fernando “hasta las últimas consecuencias”, insistiendo en que cualquier familiar que busque sacar provecho del Gobierno no tendría cabida, y que respetaría las decisiones de la justicia, incluso si afectan a su círculo más cercano.
Organizaciones civiles y sectores de oposición han insistido en que el caso es una prueba de fuego para el discurso anticorrupción del actual Gobierno. Para algunos analistas, el expediente contra Nicolás Petro no solo pone en juego su responsabilidad penal, sino la credibilidad de la promesa de cambio y transparencia que marcó la campaña de 2022. Al mismo tiempo, sectores afines al Gobierno subrayan la importancia de respetar la presunción de inocencia y evitar que el proceso se convierta en un juicio político mediático.
Desde el punto de vista judicial, la siguiente etapa será la audiencia de medida de aseguramiento, programada para el 2 de diciembre a las 8:30 a. m., en la que la Fiscalía expondrá por qué considera necesario imponer una medida restrictiva de la libertad —como detención domiciliaria u otra modalidad—, mientras la defensa buscará demostrar que el exdiputado puede seguir afrontando el proceso en libertad. El juez deberá valorar la posible obstrucción a la justicia, el riesgo de fuga y la reiteración delictiva.
Por ahora, el caso avanza entre la presión mediática, el escrutinio público y la expectativa de nuevas revelaciones sobre los contratos de FUCOSO y las supuestas falsedades documentales. Lo que ocurra en la próxima audiencia será determinante para el futuro judicial de Nicolás Petro y para la narrativa de lucha contra la corrupción en el país.
