Reestructuración mueve piezas hacia Crimen Organizado y genera malestar.
El plantón de trabajadores de la Fiscalía General de la Nación frente al búnker en Bogotá puso sobre la mesa las tensiones internas por recientes decisiones administrativas. La eliminación de unidades Gaula en seccionales y el traslado de fiscales especializados a la Dirección contra el Crimen Organizado detonaron reclamos por cargas desbalanceadas y posibles efectos en la atención de delitos de alto impacto.
En una carta dirigida a la fiscal general Luz Adriana Camargo, funcionarios agrupados en Asonal Judicial pidieron espacio para exponer inquietudes, alertaron por asignaciones de hasta 1.700 procesos a algunos despachos frente a otros con cerca de 60 y advirtieron que las víctimas de extorsión y secuestro podrían quedar “desamparadas” si no se corrigen los ajustes. También reclamaron acciones por los agentes de la Dirección de Protección secuestrados por el ELN.
Los cambios más sensibles incluyen la supresión de las unidades Gaula en regiones y reubicaciones de fiscales a Crimen Organizado. Para los servidores, esa movida “acabó con un emblema de la lucha contra la criminalidad” y recarga áreas sin fortalecer equipos de soporte. Piden revisar criterios técnicos y de distribución de casos.
Según los funcionarios, el reajuste produjo despachos con miles de expedientes y otros con decenas, lo que comprometería tiempos de respuesta, calidad de investigaciones y posibilidades de judicialización en delitos complejos como la extorsión. Solicitan auditoría de cargas y redistribución inmediata.
El Gaula históricamente asociado a la lucha contra secuestro y extorsión— es mencionado como pieza clave en coordinación con Policía, Ejército, CTI y Armada. La molestia radica en que su dispersión territorial ofrecía respuesta rápida y trabajo conjunto; su eliminación local sería un retroceso, afirman los manifestantes.
La carta subraya que los usuarios del sistema de justicia “son las víctimas” y que cualquier reingeniería debe priorizarlas. Temen que, sin equipos dedicados y con sobrecarga, se aumente el riesgo de impunidad en extorsión y que el secuestro no reciba impulso investigativo.
Los servidores piden a la fiscal Camargo y al vicefiscal intervenir ante la Delegada para la Seguridad Territorial para corregir decisiones y garantizar trato igualitario, reglas claras de traslado, cargas homogéneas y metas realistas de desempeño.
El plantón también pidió acciones concretas frente a los agentes de la Dirección de Protección privados de la libertad por el ELN, una situación que ya completa más de cuatro meses y que los trabajadores piden priorizar.
Entre las solicitudes: mesas de diálogo con Asonal, monitoreo de tiempos de respuesta en extorsión, cronograma de refuerzos investigativos y lineamientos de cooperación interinstitucional.
La reestructuración hace parte de un proceso interno impulsado en los últimos meses por la nueva administración, con énfasis en Crimen Organizado. Los trabajadores piden socializar razones, métricas y metas antes de profundizar los cambios.
El plantón exhibe una fractura que podría impactar metas de esclarecimiento y percepción interna de legitimidad. Voces sindicales insisten en que la reforma debe ser dialogada y gradual, con monitoreo público de resultados.
De mantenerse el pulso, la Fiscalía enfrentará el reto de balancear reingeniería y capacidades territoriales sin afectar a las víctimas. La entidad deberá decidir si ajusta el plan o mantiene el rumbo con indicadores de avance.
