Falta de quórum, ponencias cruzadas y reloj legislativo al límite.
La más reciente apuesta tributaria del gobierno de Gustavo Petro entró en zona gris tras una jornada marcada por ponencias de archivo, falta de quórum y decisiones divididas entre Senado y Cámara. La Silla Vacía bautizó el desenlace parcial como un “archivo digno”: el proyecto no avanzó, pero tampoco murió en su totalidad, quedando a merced de próximos movimientos legislativos y del tiempo que le resta al calendario del Congreso.
En la Comisión Cuarta de la Cámara se levantó la sesión por falta de quórum en medio de un clima de incertidumbre, mientras en el Senado ganaban terreno las iniciativas para archivar la propuesta. Paralelamente, sectores de la Cámara defendieron mantener vivo el trámite, rechazando ponencias de archivo y dejando abierta la posibilidad de nuevos ajustes al texto.
El Gobierno busca recursos para cerrar la brecha fiscal y financiar compromisos de 2026; la reforma aspiraba a recaudar una cifra relevante mediante medidas combinadas en IVA, selectivos al consumo y cambios al Estatuto Tributario. Sin embargo, el costo político de más impuestos en un contexto de desaceleración y presiones de gasto elevó la resistencia en bancadas bisagra.
En días previos, varios partidos anunciaron respaldos a ponencias de archivo, alegando que la propuesta sumaba “dos tributarias en una” y que faltaban recortes de gasto. Al mismo tiempo, la Casa de Nariño insistió en que una alternativa es necesaria para la sostenibilidad fiscal, en línea con la exposición de motivos del Ejecutivo y el plan de financiamiento.
Los escenarios se estrechan: si el archivo prospera en el Senado, el trámite quedaría prácticamente liquidado; si la Cámara logra revivir la discusión con ajustes, el Gobierno podría ganar tiempo para negociar puntos sensibles como topes a importaciones de bajo valor, gravámenes ambientales y tasas para plataformas digitales.
En el plano comparado, otras economías de la región han recurrido a leyes de financiamiento o paquetes mixtos con alivios a morosos y recaudos selectivos para capear déficits, con resultados dispares. En Colombia, esa vía también se menciona como posible “plan B” si el proyecto central naufraga.
De fondo, el déficit y la regla fiscal marcan la urgencia: el hueco podría ampliarse sin medidas de recaudo o recorte, tensionando la calificación y el costo de la deuda. Para el empresariado, la previsibilidad tributaria es clave; para los hogares, el efecto de precios y el ingreso disponible preocupa.
Mientras tanto, el debate público se salpica con mensajes del Ejecutivo que piden “aún hay tiempo”, y con advertencias de congresistas de oposición y de la llamada bancada independiente. El pulso también pasa por la capacidad del Gobierno de aislar los ítems más controversiales y negociar alivios transitorios.
El sector privado pide señales claras y reglas estables para la inversión, y advierte que más cargas a empresas o consumo podrían frenar la reactivación. Organismos y analistas recomiendan un paquete equilibrado que combine eficiencia del gasto, lucha contra la evasión y recaudo focalizado.
En el Legislativo, crecerían las probabilidades de una ley alternativa con recaudo más acotado y beneficios temporales para caja. Si no hay acuerdo, el cierre de sesiones dejaría al Gobierno con menor margen y forzaría decretos reglamentarios de menor alcance o ajustes presupuestales.
La tributaria queda entre el hundimiento parcial y la supervivencia condicionada. El desenlace dependerá de si el Gobierno logra un consenso exprés que privilegie recaudos selectivos y la depuración del gasto.
