El punto ciego: urgencias saturadas y prestadores en asfixia
El choque entre el Distrito y la Nueva EPS sintetiza una tensión conocida del sistema: cómo se mide la deuda y qué se reconoce como obligación real con los hospitales. El Distrito usa cartera exigible (cuentas prestadas y reconocidas); la Nueva EPS incorpora glosas y conciliaciones, que depuran montos y difieren el pago hasta cerrar acuerdos. El resultado: un desfase que alimenta diagnósticos opuestos sobre solvencia y oportunidad.
En la práctica, ese desfase llega a los servicios: la Secretaría de Salud habla de urgencias al 320% y de un 16% de pacientes de fuera de Bogotá, una mezcla que sobrecarga a las cuatro subredes y encarece la operación. Nueva EPS responde que aumentó sus giros y que la diferencia con el Distrito se concilia en mesas técnicas. La cartera exigible que reporta la Alcaldía de $35.334 millones a $90.558 millones en 17 meses contrasta con los flujos de pago que exhibe la EPS.
El contexto nacional importa: la UPC no cubriría el costo real de la atención. Si las EPS pagan por debajo del ritmo de la prestación, la red pública y privada acumula cartera, reduce capacidad de respuesta y prioriza urgencias. Esa es la fotografía que ya registran la Personería de Bogotá 1.943 quejas en nueve meses y advertencias de la Contraloría sobre la eficacia de la intervención.
También hay un factor de gobernanza como los cambios frecuentes de superintendentes e interventores que entorpecen la implementación de correctivos. El 15 de noviembre fue designado Luis Óscar Gálvez como nuevo interventor de la Nueva EPS, la rotación eleva la curva de aprendizaje y alarga los tiempos para estabilizar la operación.
En departamentos como Cesar, clínicas avisaron que no podrán sostener servicios sin pagos estables. La presión se replica en Bogotá, donde la red pública expone un crecimiento sostenido de la cartera en sus cuatro subredes. A la vez, la EPS reivindica sus radicaciones, conciliaciones y giros, e insiste en que “las cifras públicas del Distrito no corresponden a la realidad” y se están revisando.
El nudo técnico deudas vs glosas no es menor: una glosa retiene recursos mientras se valida la factura; si se prolonga, impacta caja, programación de cirugías, compra de medicamentos y contratación de personal. La discusión ya no es solo contable, es capacidad real de atender.
Cualquier salida requiere tres frentes: (1) Conciliaciones con cronogramas verificables, (2) flujo mínimo garantizado a prestadores y (3) revisión de la UPC para evitar que la operación sea estructuralmente deficitaria. Sin eso, la capital seguirá administrando la congestión y el desgaste financiero.
La Alcaldía pide responsabilidad y continuidad en la supervisión; Nueva EPS defiende su cumplimiento progresivo. Prestadores y usuarios esperan señales como reducción de quejas, menos tiempos de espera y normalización del suministro de medicamentos.
El caso Bogotá será el termómetro de lo que ocurra en el resto del país. Si las mesas de conciliación aterrizan pagos y la política nacional corrige tarifas, habrá alivio; si no, la presión en urgencias y la cartera hospitalaria seguirán escalando.
