La capital acumula quejas y botaderos clandestinos mientras la prórroga del esquema está en veremos.
Bogotá enfrenta una crisis de basuras que se volvió paisaje. Entre montones de bolsas rotas, contenedores dañados y proliferación de roedores, la capital suma más de 700 puntos críticos reportados en el último año, con 2.006 quejas ciudadanas registradas entre abril de 2024 y abril de 2025. El clima empeora por un dato clave del calendario: el esquema vigente, en manos de cinco operadores por áreas de servicio exclusivo, vence el 11 de febrero de 2026, tras ocho años de operación.
A cuatro meses de definirse el rumbo regulatorio, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) negó en dos ocasiones la propuesta del Distrito para prorrogar el modelo por ocho años más. El alcalde Carlos Fernando Galán relevó a la entonces directora de la UAESP, Consuelo Ordóñez, y nombró a Armando Ojeda, mientras anunció un plan de choque con metas de reducción de puntos críticos antes de diciembre.
En Bogotá, el aseo opera por zonas: cada una tiene un concesionario exclusivo que recoge, barre y mantiene mobiliario. El Distrito defendió esta figura, pero la CRA encontró defectos financieros, jurídicos y ambientales en la solicitud, y los tiempos se acortaron para ajustar los estudios. En paralelo, la Administración abrió nueve procesos disciplinarios a operadores por fallas de servicio, mantenimiento de flota y fugas de lixiviados; sólo uno desembocó en sanción.
La Contraloría de Bogotá detectó en un operativo de julio que faltaban contenedores en casi la mitad de los puntos visitados y recordó que los operadores deben tener 10% de inventario adicional para reposición. El ente de control anunció la decisión para noviembre y evaluó posibles incumplimientos tanto de operadores como del Distrito.
El gasto no es menor: los usuarios de la ciudad pagan $851.000 millones al año por el servicio de aseo. Aun así, crecen los botaderos clandestinos, la acumulación por días en vía pública y vectores como ratas y cucarachas. La Alcaldía asegura que los puntos críticos bajaron de 667 a 477 desde el inicio de la administración, con mayor concentración en el sur y occidente, y que prepara un inventario de nuevos focos para intervenirlos.
La coyuntura revive una memoria reciente: en diciembre de 2012, cuando terminaron contratos de aseo en pleno gobierno de Gustavo Petro, Bogotá amaneció cubierta de residuos, con ciudadanos recogiendo por su cuenta.
De confirmarse la apertura, el Distrito prevé pedir a los nuevos operadores que informen en qué áreas trabajan para cubrir con Aguas de Bogotá o nuevas licitaciones las zonas desatendidas. Además, impulsa medidas para erradicar los focos de arrojo ilegal y fortalecer la contenerización donde funciona, mientras retira y repone equipos vandalizados o perdidos.
Otro frente crítico es Doña Juana. Aunque el relleno no es el centro de la coyuntura regulatoria, el manejo de lixiviados y la presión sobre la cuenca del río Tunjuelo recuerdan que la ciudad necesita más aprovechamiento y menos disposición final.
En lo operativo, 5.600+ toneladas diarias de residuos no aprovechables entran al sistema, cifra que creció en 2025. El barrido y la recolección nocturna siguen siendo sensibles a picos de generación, vandalismo de contenedores y horarios incumplidos por usuarios y comercios. La Administración advierte que hará mayor vigilancia contractual, con multas a quien incumpla.
La ciudadanía, por su parte, reclama tarifas y mejor servicio. Desde barrios tradicionales hasta corredores comerciales del centro, los mensajes piden “no cobrar caro y sí recoger bien”. La Alcaldía insiste en corresponsabilidad: los operadores deben cumplir frecuencias y la gente debe presentar residuos como es debido.
La CRA ratificó su negativa inicial y dejó en firme el camino para la libre competencia si no hay aval técnico a las áreas exclusivas. En el Concejo aumentaron las voces que piden emergencia sanitaria; Galán la descarta por ahora y promete resultados en diciembre con el nuevo equipo de la UAESP.
Gremios y expertos piden transparencia en indicadores, metas por localidad y trazabilidad pública de multas y reposición de flota y contenedores. También solicitan acelerar la economía circular, con más recicladores formalizados y compra pública de materiales recuperados.Bogotá se juega en cuatro meses la estabilidad de un servicio esencial. Entre la presión regulatoria, el calendario de contratos y un paisaje urbano fatigado por la suciedad, el reto es combinar control, cultura ciudadana y eficiencia operativa. Si falla uno de esos engranajes, el riesgo de una nueva crisis está latente.
