El Consejo de Estado confirmó la pérdida de personería del partido.
Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena y líder de Fuerza Ciudadana, anunció la ruptura política con el presidente Gustavo Petro y aseguró que desde el Gobierno se estaría “aniquilando” a su movimiento. El quiebre se hizo visible tras las recientes tensiones por las elecciones atípicas en el Magdalena y los señalamientos de que sectores del Pacto Histórico apoyaron a un candidato rival en la contienda departamental.
En medio del cruce de declaraciones, Caicedo acusó al presidente de estar influenciado por una “cúpula” de figuras cercanas y denunció que el Ejecutivo ha contribuido a marginar a Fuerza Ciudadana. La confrontación ocurre mientras la colectividad enfrenta la pérdida de su personería jurídica, confirmada este año por el Consejo de Estado, lo que limita su participación y financiación.
La disputa escaló luego de un consejo de ministros televisado en el que Petro criticó a Caicedo por, según dijo, promover divisiones en la izquierda. En paralelo, voces petristas y opositoras convergieron coyunturalmente en Magdalena en respaldo a un candidato adversario del caicedismo, hecho que tensó aún más la relación.
En entrevistas radiales y apariciones públicas, Caicedo sostuvo que el presidente es “prisionero” de su entorno político y que el Gobierno ha desatendido inversiones en su región. El distanciamiento, insiste, responde a maniobras que buscaron arrinconar a su movimiento.
A la crisis se suma la situación jurídica de Fuerza Ciudadana. En marzo de 2024 la Sección Quinta del Consejo de Estado anuló la resolución que había otorgado la personería al partido; en febrero de 2025, la alta corte mantuvo ese efecto al negar acciones para revertir la decisión, dejando como eventual última instancia a la Corte Constitucional.
El nuevo pulso por el poder en Magdalena también reconfiguró alianzas. En las atípicas, el ex aliado de Caicedo, Rafael Noya, recibió apoyos de diversos sectores, incluidos petristas y uribistas, mientras el caicedismo respaldó a Margarita Guerra. Analistas vieron en ese choque un síntoma de crisis de gobernanza y una disputa más pragmática que ideológica.
Desde el petrismo han respondido que el Gobierno no persigue a movimientos alternativos y que sus decisiones obedecen a criterios programáticos y democráticos. No obstante, la controversia se trasladó a redes sociales y medios, amplificando la fractura en el espectro progresista.
De cara a 2026, el divorcio complica la construcción de un “frente amplio” de izquierda. Caicedo advirtió que no acompañará el proyecto petrista si persiste el “aniquilamiento” a su fuerza política; sectores del Pacto instaron a un acuerdo para evitar una dispersión del voto progresista.
Las consecuencias inmediatas pasan por la gobernabilidad regional en Magdalena y la representación nacional del caicedismo. Sin personería, Fuerza Ciudadana debe explorar avales de terceros, coaliciones o candidaturas por firmas, con mayores costos y barreras de visibilidad.
En el tablero nacional, la ruptura exhibe fisuras en la izquierda gobernante, justo cuando el Ejecutivo busca impulsar reformas en el Congreso y sostener su capital político. La oposición, por su parte, podría capitalizar la división.
Desde el progresismo, líderes como Gustavo Bolívar han llamado a recomponer puentes entre Petro y Caicedo para no llegar divididos a la presidencial. Medios y analistas destacan el golpe simbólico que supone que un bastión costeño del progresismo entre en abierta confrontación con Casa de Nariño.
En Fuerza Ciudadana, la línea es de resistencia: aseguran que seguirán activos pese a los reveses jurídicos y presuntas presiones políticas. A nivel institucional, la definición de la Corte Constitucional podría ser el último episodio jurídico de esta saga.
El desenlace de la pelea marcará el mapa electoral de 2026 en la Costa Caribe y tendrá eco nacional. Si no hay recomposición, la izquierda llegaría fragmentada, con costos en cámaras, senado y primera vuelta presidencial.
