Ampliación de autoconstrucción sin control técnico formal
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio expidió el Decreto 1166 del 4 de noviembre de 2025, con el cual elimina la exigencia de licencia de construcción para programas de mejoramiento, construcción en sitio propio y autoconstrucción bajo el modelo de autogestión.
La medida se aplica de inmediato aún cuando la capacitación profesional prevista para seis meses no está completada.
Con ello, el Gobierno abre la puerta a inversiones públicas que podrían alcanzar los $12,5 billones de pesos en vivienda sin que se requiera una licencia formal.
Según el artículo, la eliminación de la licencia de construcción permite que los proyectos sean aprobados únicamente con una carta de responsabilidad firmada por un arquitecto o ingeniero, y el registro ante los entes territoriales.
Esa carta sustituye el trámite tradicional que incluía planos, visados y seguimiento técnico urbano, lo que, advierten expertos, debilita la supervisión institucional del sector vivienda.
La medida aplica para programas como mejoramiento, construcción en sitio propio y autoconstrucción —programas habituales en subsidios estatales— lo que significa que beneficiarios directos del Estado podrían ejecutar obras sin licencia.
Desde el gremio, la concejal Sandra Forero, ex‑presidenta del gremio de constructoras Camacol, advirtió que eliminar la licencia es “un retroceso institucional” pues “no hay seguridad jurídica, ni técnica, ni urbanística”.
En la práctica, los proyectos de vivienda social con subsidios pueden alcanzar montos de hasta $31,3 millones de pesos, equivalentes a 22 salarios mínimos.
El decreto señala que en los próximos seis meses se implementará una estrategia para capacitar y certificar a arquitectos e ingenieros, aunque la norma entra en vigencia de inmediato sin esta capacitación plena.
Los críticos alertan que la medida puede abrir paso a riesgos en seguridad estructural, informalidad urbana o aumento de irregularidades en la construcción, lo que podría afectar especialmente a las familias más vulnerables.
La eliminación de la licencia de construcción en proyectos con recursos públicos representa un cambio radical en el sector vivienda, que plantea tanto oportunidades como retos de supervisión y calidad. Por un lado, agiliza trámites y puede fomentar la autogestión, pero por otro lado exige una vigilancia más rigurosa para evitar riesgos.
Mientras el Estado implementa su plan de capacitación y certificación, el éxito de la norma dependerá de cómo se articulen los controles técnicos, la gestión territorial y la garantía de los estándares de construcción para todos los ciudadanos.
