Rosa Villavicencio pidió motivos y exclusión inmediata del mandatario.
El Gobierno de Colombia envió una nota verbal al Gobierno de Estados Unidos para solicitar explicaciones y el retiro del presidente Gustavo Petro de la llamada Lista Clinton. La gestión fue confirmada por la canciller Rosa Villavicencio, quien defendió que no hay elementos probatorios que justifiquen la designación y calificó la medida como perjudicial para la representación internacional del país.
La inclusión del jefe de Estado colombiano en el listado de sanciones se produjo el 24 de octubre de 2025, junto con la primera dama Verónica Alcocer, el ministro del Interior Armando Benedetti y Nicolás Petro. Washington argumentó la decisión en el marco de la Orden Ejecutiva 14059, que habilita sanciones contra personas vinculadas al tráfico ilícito de drogas.
En la nota, la Cancillería pide los motivos concretos de la designación y solicita la exclusión inmediata del mandatario. Según Villavicencio, la medida afecta la capacidad de interlocución del país y limita la presencia oficial de Colombia en escenarios multilaterales, al tiempo que envía una señal negativa para la cooperación.
La Lista Clinton —mantenida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro— conlleva bloqueo de activos bajo jurisdicción estadounidense y restricciones para transacciones con personas o entidades designadas. En la práctica, dificulta la financiación, los contratos y la movilidad internacional de los incluidos.
Desde Washington, la justificación oficial aludió a un presunto papel de Petro en el auge de la cocaína y a beneficios para organizaciones criminales. El Gobierno colombiano niega esas afirmaciones y asegura que ha intensificado incautaciones y acciones contra las finanzas ilícitas. En paralelo, Bogotá sostiene que la decisión deriva también de tensiones políticas recientes.
Expertos en derecho internacional señalan que una nota verbal es el mecanismo más formal de comunicación diplomática, pero no revierte por sí sola una designación unilateral. La revisión o remoción depende de la autoridad sancionadora (OFAC), que puede evaluar peticiones de reconsideración con sustento jurídico y probatorio.
En episodios anteriores, la OFAC ha modificado listados tras procesos de licencias, acuerdos o cambios de circunstancias, aunque esos trámites suelen ser largos y requieren documentación exhaustiva. Para Colombia, el propósito inmediato es dejar constancia del desacuerdo y abrir un canal de diálogo que reduzca efectos colaterales.
El caso ocurre tras decisiones recientes de Estados Unidos que endurecieron su política antidrogas en la región. La OE 14059 (diciembre de 2021) modernizó el marco para sancionar a actores del comercio ilícito, permitiendo designaciones amplias y congelamientos preventivos sobre la base de inteligencia financiera.
En el plano interno, la controversia impacta la agenda exterior y la seguridad jurídica de operaciones con entidades públicas. Actores económicos y multilaterales vigilan eventuales efectos de contagio sobre proyectos bilaterales, cooperación y acceso a mercados.
Desde Bogotá, la Cancillería insistió en la rápida respuesta de Washington y en la necesidad de restablecer canales al más alto nivel. En Estados Unidos, autoridades sostienen que la política de sanciones seguirá enfocada en responsabilizar a quienes consideren vinculados al narcotráfico, sin excepciones por cargo.
Analistas prevén un periodo de fricción diplomática. El envío de la nota podría encauzar una mesa técnica para revisar evidencias y acotar impactos sobre programas conjuntos, pero no garantiza un levantamiento inmediato.
La nota verbal colombiana abre un frente diplomático que se moverá entre tiempos políticos y estándares regulatorios de EE. UU. El desenlace dependerá de si hay base probatoria para reconsiderar la medida y de la voluntad de ambas partes para limitar daños.
