Defensoría reportó 409–463 víctimas en 2024; crisis se concentra en Cauca.
Colombia vive una nueva conmoción por la muerte de menores de edad en recientes bombardeos contra disidencias del Estado Mayor Central de las FARC. La cifra de fallecidos infantiles en operativos militares entre agosto y noviembre asciende a 15, según Medicina Legal, mientras persisten denuncias por el aumento del reclutamiento forzado en departamentos como Cauca, Guaviare y Arauca. La controversia ha reabierto el debate sobre los límites del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y los criterios de distinción y proporcionalidad en el uso de la fuerza estatal.
En paralelo, UNICEF y la Defensoría del Pueblo advierten que la vinculación de niñas, niños y adolescentes al conflicto aumentó de forma sostenida. Naciones Unidas verificó 450 casos de reclutamiento y utilización en 2024, un 42% más que en 2023; 76% de esos hechos se concentran en seis departamentos, con epicentros en Cauca, Nariño y Chocó. La Defensoría registró entre 409 y 463 víctimas en 2024, con alto subregistro.
La experta Mónica Hurtado, docente e investigadora en temas jurídicos y políticos, califica como “perversa” la tendencia del reclutamiento: explica que los grupos armados responden a una lógica de “demanda y oferta” de pie de fuerza, en la que los menores son un objetivo “barato” y moldeable. En su análisis, cuando un niño porta armas y participa en hostilidades se tensiona su estatus de protección, lo que vuelve más exigentes los estándares de inteligencia y precaución que debe observar la Fuerza Pública.
Los operativos que causaron las muertes de menores ocurrieron en Guaviare, Amazonas y Arauca, en acciones contra estructuras bajo mando de alias “Iván Mordisco”. El Gobierno defendió la legalidad de los bombardeos y alegó necesidad militar; sin embargo, organizaciones y expertos cuestionan si se cumplieron los principios de distinción, proporcionalidad y precaución. La Fiscalía abrió indagación por eventuales fallas de inteligencia y protocolos.
UNICEF detalla que entre 2019 y 2024 se han verificado 1.206 casos de reclutamiento y uso de menores; solo en 2024 se confirmaron 22 asesinatos, 14 mutilaciones y 23 hechos de violencia sexual contra esta población. Además, las niñas son reclutadas a edades más tempranas: 47% tenía entre 10 y 14 años, frente a 23% de los niños. Las cifras muestran una dinámica sostenida al alza en los últimos cinco años.
La Defensoría del Pueblo, por su parte, identifica al menos 409 casos durante 2024 (cifra divulgada inicialmente) y luego reportes de prensa y agencias internacionales elevaron el conteo a 463. La entidad insiste en que el subregistro es alto y pide fortalecer la presencia estatal en zonas críticas, así como rutas de prevención y restablecimiento de derechos.
En la región, Cauca, Nariño, Putumayo y Arauca son focos de riesgo por la disputa territorial de economías ilegales y la fragmentación de mandos armados. Informes de la ONU y de organizaciones de derechos humanos han descrito que, pese a esfuerzos de negociación, varios actores no estatales han expandido control social, con impactos como confinamientos, amenazas a escuelas y nuevas formas de cooptación de adolescentes.
Especialistas consultados resaltan que el DIH no equipara a la niñez con combatientes regulares. La condición de víctima no desaparece aunque el menor sea usado en funciones de guerra; por eso, las operaciones deben extremar precauciones y la responsabilidad primaria recae en quienes reclutan. A la vez, la respuesta estatal no puede limitarse al componente militar: requiere protección, educación, ingresos familiares y justicia restaurativa.
El Ministerio de Defensa sostuvo que los bombardeos seguirán “cuando sean estrictamente necesarios” y responsabilizó a los grupos armados del uso de menores, mientras que la Defensoría pidió revisar la táctica aérea por su alto riesgo. La controversia generó llamados de UNICEF y de la ONU a proteger escuelas, rutas escolares y comunidades étnicas más afectadas.
En el plano político, la oposición acusó incoherencias al Gobierno por criticar en el pasado operaciones similares; sectores oficialistas replicaron que la intención es debilitar militarmente a estructuras que reclutan niñas y niños. La Fiscalía y órganos de control revisan la cadena de decisiones e inteligencia previa.
En conclusión, la muerte de menores en operativos reavivó una discusión de fondo: sin desactivar las causas del reclutamiento —pobreza, ausencia estatal y economías ilícitas—, el país seguirá atrapado entre dilemas operacionales y vulneraciones de derechos. La historia continúa y el seguimiento a las investigaciones será clave para fijar responsabilidades y ajustar protocolos.
