Cancillería evalúa alternativas fuera de Ramala ante el bloqueo.
Colombia anunció la apertura de su embajada en Ramala en 2024, como parte de su respaldo a la causa palestina. Sin embargo, a noviembre de 2025 la misión no se ha instalado, pese a que Jorge Iván Ospina fue posesionado como embajador en junio de este año. La Cancillería reconoce las complejidades del despliegue en terreno y el propio designado señala obstáculos para ingresar a Cisjordania.
El compromiso surgió tras la decisión del Gobierno Petro de romper relaciones diplomáticas con Israel en mayo de 2024. Desde entonces, el Ejecutivo ha reforzado su agenda de solidaridad con Palestina, pero los tiempos administrativos, las condiciones de seguridad y el acceso a territorio han dilatado la apertura física de la sede en Ramala, prevista inicialmente como un hito político.
La primera traba es el acceso. Ospina ha dicho que Israel “bloquea” la instalación de la misión diplomática en Cisjordania. La ruptura formal con Tel Aviv endureció el entorno y elevó los requerimientos logísticos de ingreso, coordinaciones y seguridad. En paralelo, el Gobierno explora opciones temporales para no frenar la representación, como operar desde un país vecino mientras se resuelve la entrada a Ramala.
En junio de 2025, la Cancillería posesionó a Ospina como primer embajador ante el Estado de Palestina. La designación buscaba acelerar la presencia en terreno, pero la embajada carece de sede, personal y servicios consulares en Ramala. Este vacío ha alimentado cuestionamientos sobre costos, asignaciones y la efectividad de una misión que, por ahora, “despacha” desde Colombia o a través de canales alternos.
El contexto regional complica el cronograma. La violencia persistente en Gaza y tensiones en Cisjordania exigen protocolos estrictos de movilidad y protección para el equipo diplomático. A ello se suma la necesidad de definir arrendamientos, contratación, aprovisionamiento y resguardo de archivos, todo en un ambiente de restricciones fronterizas y controles de seguridad.
La Cancillería ha insistido en que la política de Colombia con Palestina es de largo aliento y que la apertura de la misión no es un gesto simbólico, sino una plataforma para cooperación, articulación humanitaria y diálogo político. En entrevistas recientes, Ospina señaló que, si la entrada a Ramala sigue cerrada, se contemplan sedes alternas —como Egipto o Jordania— para garantizar el inicio operativo.
Críticos de la medida sostienen que, sin sede ni servicios, la embajada “existe en el papel” mientras se consumen recursos. El Gobierno responde que no se han ejecutado viáticos para funciones no realizadas y que los desembolsos se ajustan a marcos legales. La discusión, no obstante, ha escalado al debate público y al control político en el Congreso.
En el plano comparado, otros países latinoamericanos han variado su nivel de presencia en territorio palestino en función de la seguridad y del pulso diplomático con Israel. La diferencia ahora es que Colombia rompió relaciones, lo que reduce márgenes de coordinación en terreno e incrementa la dependencia de terceros para movimientos y permisos.
Para las autoridades palestinas, la apertura de la embajada colombiana representa un respaldo clave en el escenario internacional. La misión permitiría acompañar iniciativas humanitarias, pedagógicas y de documentación, además de apoyar a la diáspora y a proyectos de cooperación. Mientras tanto, el plan sigue en revisión, con ajustes logísticos y búsqueda de garantías mínimas.
En las próximas semanas, la Cancillería espera consolidar un plan escalonado que priorice seguridad, acceso y sostenibilidad presupuestal. La embajada es un objetivo vigente —recalca el Gobierno—, pero su puesta en marcha depende de variables ajenas al control exclusivo de Colombia.
