Gobierno de Petro respalda un gobierno de transición y nuevas elecciones
El Gobierno de Colombia confirmó que respaldará un plan de transición en Venezuela para que Nicolás Maduro entregue el poder a una administración interina que convoque elecciones competitivas. La propuesta, discutida en canales diplomáticos, contempla garantías judiciales y de seguridad para el líder chavista, con el fin de facilitar su salida del cargo.
La iniciativa se enmarca en los esfuerzos regionales por desescalar la crisis venezolana, tras las denuncias de irregularidades electorales y el deterioro económico y social. Bogotá sostiene que una transición pactada reduce el riesgo de violencia y abre una vía de reconstrucción institucional.
Según fuentes consultadas por la prensa, el plan prevé amnistías o fórmulas de justicia transicional, garantías de no persecución y eventuales salvoconductos para evitar la judicialización de Maduro y sus principales colaboradores, condicionadas al cumplimiento de hitos: renuncia formal, instalación del gobierno interino y calendario electoral verificable.
La Cancillería colombiana ha insistido en que el objetivo es elecciones libres con observación internacional y la reintegración de la oposición a la vida política sin inhabilitaciones. En paralelo, Brasil y México han abogado por salidas negociadas y graduales, mientras Washington mantiene presión diplomática.
El presidente Gustavo Petro ha señalado que no apoya salidas militares ni sanciones que agraven la crisis humanitaria, pero sí un acuerdo político que permita la reconciliación y el retorno de migrantes. La posición ha tenido momentos de tensión con Caracas por detenciones de opositores y señalamientos mutuos.
En Colombia, sectores de oposición cuestionan que se planteen garantías penales para Maduro, mientras otros respaldan una paz negociada que evite un colapso mayor. Analistas recuerdan que pactos similares en la región han permitido transiciones controladas con compromisos verificables.
La frontera binacional, clave para el comercio y la seguridad, sería una de las primeras beneficiadas de un entorno político estable en Venezuela. Empresarios y autoridades locales ven con buenos ojos un plan de normalización gradual.
El siguiente paso será socializar una hoja de ruta con garantes internacionales y mecanismos de verificación. Si las partes aceptan, podría abrirse un cronograma de meses para la transición.
