La Investigadora María E. Lopera dio plazo de 10 días para el informe.
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes solicitó formalmente a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, un informe detallado sobre su actuación en el caso UNGRD y, en particular, sobre posibles facilidades que habrían permitido la salida del país de Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y exjefe de la DNI. La petición, firmada por la representante investigadora María Eugenia Lopera, fijó 10 días de plazo para la entrega de las pruebas y soportes.
La solicitud surge tras una denuncia de la Red de Veedurías, que atribuye a la fiscal Camargo presuntas conductas como fraude a resolución judicial, concierto para delinquir, abuso de función pública y favorecimiento. El expediente se conecta con el entramado de presunta corrupción en la UNGRD, que involucró contratos y decisiones hoy bajo revisión judicial.
El requerimiento legislativo se enmarca en la competencia constitucional de la Comisión de Acusación, órgano encargado de conocer denuncias contra altos dignatarios, entre ellos el fiscal general. En su comunicación, Lopera exige especificar actuaciones, decisiones y eventuales omisiones en la pesquisa por el caso UNGRD, así como los hitos procesales frente a González.
Camargo, elegida por la Corte Suprema en marzo de 2024, asumió una Fiscalía en transición y con investigaciones complejas sobre corrupción y contratación pública. Su administración ha impulsado audiencias y medidas en procesos de alto impacto, mientras enfrenta críticas y solicitudes de control político por parte de congresistas y veedurías.
El nombre de Carlos Ramón González aparece reiteradamente en el expediente UNGRD. El exalto funcionario fue señalado en diligencias y reportes fiscales por su presunta injerencia en decisiones que hoy son materia penal. Paralelamente, medios documentaron su salida a Nicaragua, hecho que elevó las preguntas sobre la coordinación interinstitucional para garantizar comparecencia.
A la par, la Comisión recordó que este caso se suma a otros precedentes de control parlamentario cuando están comprometidos funcionarios de máximo nivel. En la práctica, el pronunciamiento abre una ruta de doble carril: judicial, en los despachos de la Fiscalía y tribunales, y político, en el escenario del Congreso.
Fuentes legislativas consultadas sostienen que la advertencia principal es evitar dilaciones y asegurar el suministro de piezas probatorias: informes de policía judicial, oficios migratorios, alertas de Interpol (si las hay), órdenes de captura, medidas cautelares y trazas de comunicaciones oficiales.
Desde el entorno de Camargo se ha defendido la independencia y la sujeción a la ley en todos los procesos. Sin pronunciamiento formal de su despacho al cierre de esta edición, el cumplimiento del plazo de 10 días será clave para medir el pulso entre ramas del poder público.
El caso UNGRD, que estalló por las denuncias sobre contratación de carrotanques y desvíos de recursos, ya tiene audiencias, imputaciones y medidas registradas en expedientes públicos. La Fiscalía y los tribunales han señalado a exdirectivos y excongresistas, mientras la opinión pública pide resultados concretos.
En el frente internacional, el señalamiento sobre la presunta estancia de González en Nicaragua añade un ángulo diplomático y de cooperación judicial. Las respuestas de la Fiscalía a la Comisión podrían esclarecer si se activaron mecanismos de localización y asistencia penal.
En redes y foros ciudadanos, el debate se ha centrado en el alcance de las responsabilidades: si hubo o no actuaciones que facilitaran movimientos de personas requeridas, y en qué momento se ejecutaron las alertas judiciales. La Comisión espera que el informe resuelva estas preguntas con soportes técnicos.
Partidos de oposición y veedurías saludaron la medida como una “señal de control” a la Fiscalía, mientras sectores afines al Gobierno piden no “politizar” la investigación y dejar actuar a los jueces. Expertos en derecho penal recuerdan que la Comisión no prejuzga, pero sí puede remitir acusación al Senado si encuentra méritos.
En el ámbito judicial, abogados defensores consultados prevén un calendario de audiencias intenso y la posibilidad de que nuevos testigos o colaboraciones modifiquen el alcance de los cargos en el caso UNGRD. Para ellos, la coordinación interinstitucional resultará decisiva.
La respuesta que entregue la fiscal Camargo en los próximos días marcará el rumbo de este expediente y su impacto político. De su contenido dependen decisiones ulteriores en el Congreso y la justicia.
