El ente de control solicitó documentos y criterios técnicos de la adquisición.
La Contraloría General solicitó al Ministerio de Defensa los soportes completos de la compra de 17 aeronaves de combate Gripen E/F, por $16,5 billones, formalizada a mediados de noviembre. El oficio, dirigido al ministro Pedro Sánchez, pide el expediente contractual y la documentación precontractual, además de las opciones evaluadas y las razones técnicas y económicas que sustentaron la decisión.
La adquisición fue anunciada por el Gobierno tras el cierre del acuerdo con la sueca Saab, proveedor de 15 unidades monoplaza Gripen E y 2 biplaza Gripen F, junto con entrenamiento, soporte logístico y paquete de compensaciones industriales (offsets). El Ejecutivo defendió la compra como parte de la modernización de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el reemplazo de la flota Kfir.
De acuerdo con información oficial y de la compañía, el valor de referencia del contrato es de €3,1 mil millones, con entregas entre 2026 y 2032. El presidente Gustavo Petro ha sostenido que el acuerdo contempla mantenimiento, repuestos y transferencia tecnológica, y lo comparó con ofertas previas de F-16 usados y Rafale nuevos. El debate público se ha concentrado en el costo total, los componentes y el alcance de los offsets.
El ministro Pedro Sánchez afirmó que el 18 de noviembre el propio Ministerio solicitó a la Contraloría y a la Procuraduría verificar la legalidad, eficiencia y transparencia del contrato. También anunció una sesión reservada con las Comisiones Segundas del Congreso para detallar el alcance del acuerdo bajo protocolos de confidencialidad.
Entre los documentos requeridos por la Contraloría están el pliego técnico, matrices de evaluación de alternativas, análisis de costo-ciclo de vida, soporte del plan de soporte logístico y entrenamiento, y evidencias de la competencia entre oferentes. El ente de control también pidió justificar la selección del Gripen frente a otras opciones consideradas por el Estado colombiano.
El paquete de offsets asociaría inversiones y transferencia de capacidades hacia sectores defensa, tecnología e infraestructura, en línea con acuerdos semejantes en la región. Para analistas, su ejecución efectiva y auditoría serán claves para medir el retorno industrial y el impacto en la base tecnológica local.
En el plano regional, Colombia se alinearía con Brasil, operador del Gripen E con producción y ensamblaje local. La estandarización podría facilitar entrenamiento, apoyo y cooperación bilateral, aunque cada contrato tiene particularidades en armamento, sensores y compensaciones.
La compra se produce en medio de una reconfiguración de capacidades aéreas en Sudamérica, con flotas en transición y debates por los costos de sostenimiento. El caso colombiano agrega el componente de control fiscal desde el inicio del ciclo contractual, lo que marca una diferencia frente a adquisiciones anteriores.
El Gobierno insiste en que la inversión responde a un plan de disuasión y soberanía aérea de largo plazo, mientras que voces críticas solicitan publicar anexos y cláusulas para despejar dudas sobre precio, cronograma y penalidades. La Contraloría evaluará la suficiencia de los soportes y podría abrir actuaciones si detecta riesgos fiscales.
En el Congreso, se esperan citas de control político y pedidos de acceso a la información. Gremios y centros de estudio piden medir el costo-beneficio industrial real de los offsets y su alineación con la política de innovación nacional.
Con la compra bajo lupa fiscal, el proceso entra en fase de verificación documental y diálogo con el Legislativo. La discusión pública se centrará en la transparencia, la planeación financiera y los beneficios tecnológicos para el país.
