Los archivos fueron hallados en dispositivos incautados a disidentes en Antioquia.
Los archivos incautados a las disidencias de las FARC bajo el mando de alias ‘Calarcá’ desataron un escándalo nacional al revelar correos y chats que mencionan presuntos vínculos con un general del Ejército y un directivo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). El material, divulgado por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, sugiere pactos de no agresión, filtración de información sensible y apoyo logístico.
Las repercusiones fueron inmediatas: la Fiscalía y la DNI anunciaron actuaciones internas; el ministro de Defensa pidió esclarecer los hechos, mientras que el presidente Gustavo Petro respaldó públicamente al general Juan Miguel Huertas y al directivo Wilmar/Wílber Mejía, alegando que han ayudado a destapar casos de corrupción en las fuerzas. Ambos niegan los señalamientos.
Los archivos atribuidos a ‘Calarcá’ provienen de computadores, memorias y celulares incautados en un retén militar en Antioquia en 2024; tras su análisis, Caracol reconstruyó cronologías de comunicación que aludirían a contactos con mandos estatales.
En los mensajes se hablaría de alertas sobre operativos, frecuencias de radio y coordinación de movimientos para eludir a la Fuerza Pública. Huertas rechaza cualquier vínculo y afirma que ha sido víctima de suplantación desde 2020; Mejía califica todo como un “montaje”.
El informe también menciona la idea de una empresa de seguridad para “legalizar” combatientes, y chats entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ sobre eventuales pactos en terreno. Las piezas fueron cotejadas con múltiples fuentes, según el medio que publicó la investigación.
La DNI informó la apertura de una investigación interna para verificar señalamientos sobre su directivo. El Ejército anunció indagaciones internas y aseguró que no tolerará conductas ilegales.
El episodio reaviva el debate sobre la “paz total” y los beneficios jurídicos a algunos mandos como “gestores de paz”, que en el pasado han permitido liberaciones temporales mientras avanzan los diálogos. La controversia sube el costo político del proceso.
En paralelo, El Tiempo y El Espectador reportaron que la Fiscalía impulsará líneas de investigación basadas en los dispositivos incautados; el ente acusador alegó que la magnitud del material no había sido dimensionada oportunamente.
La investigación periodística también recogió reacciones del presidente Petro, quien dijo que las acusaciones son falsas y apuntan a “purgar” a quienes han señalado corrupción interna. Observadores señalan que el choque entre Presidencia y Defensa evidencia tensiones en el manejo del caso.
Medios como El País (España), Infobae, Semana e Infobae ampliaron detalles: nombres de los funcionarios, la cronología de los hallazgos y el posible alcance político. Todos advierten que los señalados niegan los hechos y piden pruebas forenses.
Comparativamente, Colombia arrastra precedentes de infiltración y abusos de inteligencia (como “Carpetas Secretas”), lo que aumenta la sensibilidad pública frente a nuevos indicios.
A la fecha, se espera que la cadena de custodia, peritajes digitales y verificaciones independientes aclaren la autenticidad y contexto de los correos y chats. La contradicción entre respaldos políticos y llamados a investigar marca el pulso del caso.
Gobierno, DNI y Ejército reiteraron su disposición a investigar. Petro defendió a los señalados; Defensa pidió resultados rápidos; oposición y ONG exigen transparencia y peritajes abiertos a veedores.
En lo judicial, la Fiscalía afina líneas de trabajo con base en los dispositivos incautados; analistas piden que el caso se trate con técnica forense, lejos de filtraciones, para no contaminar el proceso.
La filtración de los archivos de ‘Calarcá’ destapó una trama delicada que mezcla seguridad, política e inteligencia. El desenlace dependerá de peritajes digitales y decisiones institucionales que restauren confianza.
