El exdirector de la Policía fue condenado por interferir en una captura en 2014.
El exdirector de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, fue capturado en Bogotá por orden de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia para hacer efectiva la condena impuesta en agosto por tráfico de influencias. La diligencia se cumplió en la capital, y el oficial en retiro permanece en el búnker de la Fiscalía mientras se definen los trámites de reclusión y cupo penitenciario.
La condena, de siete años de prisión, se deriva de actuaciones de Palomino cuando era director de la institución, relacionadas con presiones indebidas a una fiscal para frenar la captura de Luis Gonzalo Gallo, empresario investigado por despojo de tierras. La Corte concluyó que hubo interferencia jerárquica y un uso indebido del cargo para inclinar una decisión judicial.
La orden de captura fue expedida tras la lectura del sentido del fallo y las decisiones de la Sala, que consideró que se debía privar de la libertad al exdirector para garantizar el cumplimiento de la pena. En agosto, la Corte ya había comunicado los fundamentos jurídicos de la condena, que giran sobre el delito de tráfico de influencias de servidor público.
Según el expediente, Palomino visitó a la fiscal del caso en día no laboral y pidió suspender la orden de captura contra Gallo, a quien calificó como figura de relevancia social. El alto tribunal valoró esos hechos como presión simbólica y uso de autoridad institucional para incidir en una decisión penal.
Tras su aprehensión, el general fue trasladado al búnker de la Fiscalía, en el occidente de Bogotá. Allí se efectúa la verificación de documentos y la coordinación con el INPEC para el traslado a centro carcelario o definición de cupo y medidas de seguridad.
La defensa de Palomino había solicitado alternativas a la detención intramural, mientras la Fiscalía pidió en su momento una pena significativa por la gravedad institucional del hecho. La Corte, no obstante, mantuvo el curso de la condena y habilitó la captura inmediata del exdirector, figura clave de la Policía entre 2013 y 2016.
El caso tiene como telón de fondo los debates sobre límites del poder policial y separación de poderes. La sentencia enfatiza que el rango y el cargo no habilitan injerencias en la labor de fiscales o jueces, aún bajo argumentos de “interés público”.
A nivel comparado, fallos similares en la región han sancionado tráfico de influencias de altos funcionarios, reforzando estándares de integridad pública y debido proceso. En Colombia, juristas ven el caso como un mensaje de contención y rendición de cuentas frente a prácticas de tutela informal del poder.
En paralelo, el nombre de Luis Gonzalo Gallo sigue ligado a procesos por despojo de tierras, un fenómeno con fuerte impacto en la restitución de derechos de víctimas del conflicto. La actuación del exdirector, según la Corte, buscó alterar el curso normal de ese proceso penal.
Autoridades del alto tribunal señalaron que, con la ejecución de la captura, se materializa la pena y se envía una señal de cero tolerancia frente al uso de influencias en la administración de justicia.
Desde sectores políticos y de derechos humanos se destacó que la decisión fortalece la independencia judicial. Expertos subrayan que blindar a fiscales y jueces de presiones informales es clave para la credibilidad del sistema penal.
La institución policial evitó pronunciamientos de fondo y reiteró respeto por la autonomía judicial. En círculos castrenses se comenta el impacto simbólico para una institución en proceso de modernización y controles internos más robustos.
La detención de Rodolfo Palomino cierra un capítulo de alto perfil y reabre el debate sobre límites del mando y ética pública. Con su conducción a un centro de reclusión, el caso entra en fase de cumplimiento de pena.
