La mesa se instala el 1 de diciembre con tensiones por servicios
Colombia abre este 1 de diciembre la negociación del salario mínimo de 2026 con un tablero atravesado por la inflación y el costo de los servicios. El DANE reportó una variación anual de 5,51% en octubre y el Banco de la República estima que 2025 cerraría alrededor de 5,1%, lo que afina el margen de discusión entre Gobierno, empresarios y centrales obreras.
Con el dato de IPC, varios analistas prevén que el ajuste se mueva entre 6% y 7% al sumar productividad, aunque el Ejecutivo ha planteado escenarios más ambiciosos. En paralelo, el debate por el encarecimiento de servicios presiona a la baja a quienes temen un impacto sobre costos, empleo e inflación futura.
Hoy el salario mínimo es de $1.423.500 (sin auxilio de transporte). Solo con inflación (5,51%), el nuevo piso quedaría alrededor de $1.501.729, pero si se agrega un punto de productividad (6,5%), subiría a $1.516.478, y con 7,5% a $1.531.763. En escenarios más altos (11%), el monto se aproximaría a $1.580.085.
En el campo técnico, Fedesarrollo ha pedido prudencia: su director, Luis Fernando Mejía, considera razonable un rango entre 6% y 7%, suficiente para preservar poder adquisitivo sin reavivar presiones inflacionarias. Otros centros, como Anif, advierten que un salto excesivo golpea las finanzas públicas y la formalidad.
Desde el Gobierno, también han surgido voces que empujan aumentos de dos dígitos; incluso se mencionaron cifras cercanas a $1,8 millones, lo que elevaría el ajuste por encima del 26%. Esa hipótesis desató críticas empresariales por sus efectos en arriendos, tarifas indexadas y expectativas de precios.
En la mesa, las centrales obreras insistirán en recuperar ingresos tras dos años de choques inflacionarios. Los empresarios, por su parte, alegarán márgenes estrechos, costos de crédito —pese a la tasa del Emisor en 9,25%— y la necesidad de no encarecer la nómina por fuera de productividad.
El cálculo no es solo macro: 3,7 millones de personas dependen directamente del mínimo, al que se amarran arriendos, multas, pensiones y contribuciones. Por eso, cada décima define el bolsillo de los hogares y la caja de las micro y pequeñas empresas, que concentran empleo.
La discusión también recogerá señales de desaceleración económica y de mercado laboral, con tasas de informalidad altas. Un ajuste moderado sumaría a la convergencia inflacionaria; uno elevado podría alargarla, trasladándose a servicios y bienes regulados.
En síntesis, el rango técnico (6–7%) gana tracción, mientras el Gobierno ingresa a la mesa sin descartar alternativas más robustas. El punto de encuentro dependerá de la productividad, la senda del IPC y la disposición a pactar compensaciones no salariales.
Si no hay acuerdo antes de Navidad, el aumento se definiría por decreto, como ocurrió para 2025. De momento, todos los ojos están en la instalación del 1 de diciembre y en las primeras ofertas formales.
Gremios empresariales temen que un ajuste elevado traslade costos a precios y presione la contratación, sobre todo en mipymes. Sindicatos sostienen que un alza fuerte dinamiza consumo y compensa la inflación acumulada.
Los hogares calculan efectos colaterales: arriendos y servicios indexados al mínimo. Un alza de 6,5–7,5% moderará esos impactos; una de dos dígitos ampliará el shock en 2026.
La puja por el salario mínimo de 2026 será un equilibrio entre proteger ingresos y cuidar la desinflación. El consenso parece rondar el 6–7%; el resto será política, pedagogía y timing.
