La investigación conectó ventas en el norte de Bogotá con contactos criminales en Meta y Santander.
La Fiscalía y la Dirección de Antinarcóticos de la Policía reportaron la captura de 33 personas presuntamente vinculadas a dos clanes familiares que, según la investigación, vendían cocaína de alta pureza en sectores del norte de Bogotá y lavaban dinero en fiestas privadas. De acuerdo con el expediente, los señalados mantenían contactos con presuntos capos ubicados en Meta y Santander, lo que habría garantizado suministro y protección en la cadena criminal.
El caso, liderado por la Unidad Investigativa y un despacho de la Fiscalía, permitió realizar allanamientos en inmuebles de Suba (Colina Campestre) y Kennedy (Villa Alsacia), donde fueron incautados celulares, sustancias, libretas con contabilidad presunta y otros elementos. Entre los detenidos figura D.G.G., exintegrante del CTI, quien, según las pesquisas, habría facilitado información para el funcionamiento de la red.
Las autoridades señalan que la organización estaba dividida en dos ramas: una, bajo el liderazgo de A.G.P., se encargaba del acopio, dosificación y distribución de cocaína en zonas residenciales del norte de la ciudad; la otra, supuestamente dirigida por O.D.O., articulaba entregas bajo demanda en horarios nocturnos y coordinaba eventos privados donde, según los investigadores, se movían ganancias rápidas en efectivo.
De acuerdo con el expediente, la red utilizaba viviendas arrendadas como puntos de acopio temporales, rotaba “caletas” y presuntamente manejaba libretas de control con alias y rutas de entrega. Las comunicaciones se realizaban mediante mensajería cifrada y números cambiantes. La Fiscalía relacionó esas prácticas con ventas dirigidas a clientes de alto poder adquisitivo.
Uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores fue el gasto ostentoso que atribuían a la red: fiestas, alquiler de lugares exclusivos y lujos pagados en efectivo, una modalidad que, según el informe, funcionaba como mecanismo de lavado y dispersión de utilidades.
La Policía Antinarcóticos, que apoyó el operativo, indicó que el grupo mantenía suministro estable a través de presuntos contactos en Meta y Santander, zonas históricamente afectadas por tráfico de estupefacientes. La ruta permitía sostener cocaína de alta pureza que se revendía con márgenes elevados en Bogotá.
Entre los 33 capturados hay presuntos logísticos, campaneros y distribuidores, además de un exfuncionario del CTI que habría servido como enlace para advertir movimientos de control. La Fiscalía aseguró que la evidencia incluye interceptaciones, seguimientos y testimonios.
La audiencia de legalización de capturas se surtió ante un juzgado de control de garantías en Bogotá. La juez avaló la operatividad del procedimiento y dio paso a imputaciones por concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y lavado de activos, entre otros. Las defensas negaron los cargos.
En los allanamientos se habrían incautado teléfonos, cuadernos, elementos de dosificación y dosis listas para la venta. Las autoridades esperan peritajes de química forense y análisis financieros para seguir la trazabilidad del dinero.
La investigación también contrastó patrones de consumo y oferta premium en el norte de Bogotá con casos similares desarticulados en otras capitales latinoamericanas, donde estructuras familiares operan en estratos altos con logística cerrada y bajo perfil.
Voceros de la Fiscalía y de la Policía Antinarcóticos resaltaron que el caso evidencia una mutación del microtráfico hacia modelos “boutique”, con altas ganancias y menor exposición en calle, lo que obliga a métodos de investigación financiera y tecnológica más robustos.
Defensores y familiares de los capturados insistieron en la presunción de inocencia y anunciaron que apelarían las decisiones de medida de aseguramiento. La defensa de D.G.G. pidió valorar el contexto de su salida del CTI y desvinculó al exagente de supuestas filtraciones.
El caso abre un capítulo sobre cómo operan las redes de cocaína en entornos de alto ingreso en Bogotá y los desafíos institucionales para seguir la ruta del dinero. A la espera de nuevas diligencias y peritajes, el proceso judicial seguirá definiendo responsabilidades penales.
