La reunión en el Capitolio con Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart marcó la agenda.
Washington D. C., 19 de noviembre de 2025. El precandidato presidencial Miguel Uribe sostuvo una reunión de alto nivel en el Capitolio con los congresistas Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart, enfocada en cooperación estratégica contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. En el encuentro, respaldó las acciones de Estados Unidos en el Caribe para frenar rutas marítimas y desarticular redes criminales.
Uribe propuso un “nuevo Plan Colombia” y anunció que, de llegar al poder, impulsará la transformación del Ministerio de Defensa en un Ministerio de Guerra, como señal de una ofensiva sostenida contra organizaciones criminales, con énfasis en las que operan desde la región, como el llamado “Cártel de los Soles”.
La reunión se enmarca en su agenda internacional, que prioriza seguridad democrática, cooperación multinacional y acción ejecutiva. Según su equipo, la hoja de ruta apunta a recuperar la autoridad del Estado y garantizar la seguridad en el país, articulando esfuerzos con agencias y congresistas estadounidenses para cortar las cadenas logísticas del narcotráfico.
Durante el encuentro, Uribe expresó apoyo total a operaciones en el Caribe contra lanchas rápidas y nodos de abastecimiento que conectan Suramérica con Centro y Norteamérica. La intención es robustecer interdicción marítima, intercambio de inteligencia y judicialización coordinada para elevar el costo del delito.
El “Plan Colombia” actualizado que plantea, contempla metas verificables: reducción de cultivos ilícitos, desmantelamiento de laboratorios, golpes financieros a carteles y cooperación tecnológica para trazabilidad de armas y dinero. La estrategia, dice, priorizaría la presión simultánea sobre oferta y cadenas de exportación.
Sobre el “Cártel de los Soles”, Uribe recalcó la necesidad de coordinación binacional y multilateral para enfrentar estructuras con presencia en países vecinos y circuitos de protección criminal. La mención busca alinear prioridades con las listas y sanciones interagenciales de Estados Unidos.
La propuesta de Ministerio de Guerra de fuerte carga simbólica y operativa, busca concentrar capacidades de defensa, inteligencia y justicia en un mando civil unificado, con reglas de coordinación interinstitucional y foco en resultados medibles. Para sus críticos, el cambio nominal no garantiza mejoras; para sus promotores, fija un mandato inequívoco frente al crimen.
En términos diplomáticos, la cita con Giménez y Díaz-Balart reafirma vínculos con figuras clave en comités presupuestales y de seguridad del Congreso de EE. UU., espacios que inciden en cooperación, asistencia y programas antinarcóticos.
Desde Washington, el equipo de Uribe señaló que la interlocución con el Capitolio será permanente para alinear objetivos, recursos y calendarios, con énfasis en tecnología, radares, patrullaje y judicialización transnacional.
El campamento de campaña indicó que en los próximos días presentará un documento con metas de 100 días y 12 meses, más un esquema de seguimiento público para evaluar avances en seguridad y lucha contra economías ilegales.
Analistas valoran el acercamiento con congresistas estadounidenses como una señal de continuidad en la cooperación, aunque advierten retos: control territorial, corrupción y capacidades de investigación financiera. Organizaciones de derechos humanos piden que cualquier escalamiento incorpore salvaguardas y enfoque de derechos.
En el ámbito político, la propuesta de un Ministerio de Guerra promete abrir debate en Colombia sobre arquitectura institucional, controles democráticos y relación civil-militar. Bancadas opositoras anticipan un escrutinio riguroso de costos, resultados y límites.
La visita deja un mensaje de alineamiento en seguridad y una promesa de “mano firme” contra el crimen organizado. La discusión sobre su viabilidad, costos y salvaguardas apenas comienza.
