El ataque habría ocurrido el 3 de noviembre en una finca del municipio.
El caso que estremeció a Montecristo (Bolívar) dio un paso clave. La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Fernando Alonso Oviedo Sánchez por el presunto maltrato a su perro “Bizcocho”, episodio que generó indignación nacional tras difundirse un video en redes sociales. Según la investigación, los hechos ocurrieron el 3 de noviembre en una finca del municipio.
De acuerdo con los reportes, el animal habría tomado un pedazo de carne de un mesón, lo que desencadenó la violenta reacción del propietario. En las imágenes se observa cómo el perro es azotado con un látigo, arrojado al piso y pateado, acciones que, según dictámenes veterinarios, le dejaron secuelas neurológicas y de comportamiento.
La Fiscalía señaló que a Oviedo se le imputó el delito de lesiones que menoscaban gravemente la salud o la integridad física del animal, en modalidad agravada, conforme a la legislación penal colombiana de protección animal (Ley 1774 de 2016). En audiencias previas, medios locales reportaron que el investigado reconoció su responsabilidad, lo que podría incidir en su eventual condena y en la dosificación de la pena.
El caso cobró relevancia nacional por la crudeza del video y por la identidad del can, conocido como “Bizcocho”. Tras los hechos, el hombre se entregó en una estación de Policía del norte antioqueño y el perro fue trasladado para valoración médica especializada, donde se confirmó el compromiso neurológico.
Entidades y expertos en bienestar animal recordaron que el maltrato no se limita a golpes y que las lesiones físicas, el estrés agudo y los cambios de conducta son indicadores clínicos de crueldad. La imputación de cargos busca sentar un precedente frente a hechos de violencia contra animales que en Colombia vienen siendo denunciados con mayor frecuencia gracias a la evidencia digital y la presión ciudadana.
Este expediente se inscribe en una tendencia de judicialización por maltrato animal en el país. Casos recientes han terminado en condenas, sanciones económicas y restricciones a la tenencia. Organizaciones recuerdan que la ley contempla prisión de 12 a 36 meses, multas e inhabilidades para quien cause daños graves a un animal.
En Montecristo, autoridades locales y colectivos animalistas hicieron énfasis en la prevención y en la educación como herramientas para reducir la violencia. Los llamados incluyen reforzar campañas de tenencia responsable y mejorar los canales de denuncia.
En perspectiva comparada, países como España y Chile han fortalecido su marco sancionatorio en los últimos años, con penas de cárcel y prohibiciones de por vida para reincidentes. En Colombia, la visibilización y el uso de pruebas audiovisuales han permitido activar más acciones penales.
Mientras el proceso avanza, el estado de salud de “Bizcocho” evoluciona lentamente. Veterinarios reportan mejoría, aunque persisten afectaciones derivadas del trauma. El expediente continuará con los trámites judiciales correspondientes.
Colectivos y ciudadanos celebraron la imputación como un paso importante y pidieron que no se quede en sanciones simbólicas. La opinión pública exige reparación y medidas pedagógicas que eviten la repetición de hechos similares.
Desde el ámbito institucional, especialistas en derecho animal señalan que reconocer el daño y aceptar cargos puede abrir camino a penas alternativas combinadas con medidas restaurativas, siempre que se garantice la atención integral al animal y la no repetición.
El caso de “Bizcocho” pone sobre la mesa la urgencia de prevención, sanción y educación frente al maltrato animal. La imputación marca un avance, pero el verdadero cambio dependerá de la cultura ciudadana y de la aplicación consistente de la ley.
