Coinciden capturas con acercamientos del Gobierno y el EGC en Doha.
En las últimas semanas, al menos seis capturas contra financiadores y proveedores de cocaína ligados al Clan del Golfo encendieron alertas dentro de esa estructura. De acuerdo con informes judiciales y de inteligencia, los procedimientos contaron con la cooperación internacional de España, Francia y Estados Unidos. Las aprehensiones, de perfil medio-alto y enfoque financiero, han sido leídas por fuentes del sector como golpes inusualmente sincronizados.
El contexto agrega tensión: estas operaciones se producen mientras el Gobierno colombiano y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) —nombre con el que también se conoce al Clan— sostienen acercamientos en Doha (Catar). Las rondas de contactos se reactivaron desde agosto y tuvieron un primer tramo formal hacia septiembre. Dentro de la organización crece el rumor de delaciones internas que habrían facilitado la ubicación de “capos invisibles”.
En Apartadó, Antioquia, la Fiscalía judicializó a Rubén Darío González Hoyos, alias ‘Secre’, señalado como principal cabecilla financiero de la estructura ‘Juan de Dios Úsuga’. Durante las audiencias, el ente acusador expuso testimonios de integrantes del ‘clan’ que describen redes logísticas y movimientos de dinero. La defensa alega que se vulneró la presunción de inocencia y pidió rigor sobre la cadena de custodia de los elementos probatorios.
Las investigaciones se apoyan en cooperación policial transnacional, análisis de transacciones y trazas de criptomonedas empleadas para pagos y lavado, según fuentes del caso. En paralelo, autoridades militares y de policía han reforzado operativos en Urabá, Córdoba y Bajo Cauca, corredores críticos para cultivos, cristalizaderos y despachos. La coordinación ha permitido decomisos relevantes y la identificación de enlaces logísticos.
El EGC niega estar negociando “a espaldas” de sus bases y ha calificado como “especulaciones” las versiones sobre entregas pactadas. No obstante, expertos en crimen organizado señalan que “entregas controladas” suelen ocurrir cuando hay disputas internas o cuando mandos medios buscan beneficios judiciales. El patrón de golpes selectivos sugiere inteligencia previa y cooperación de fuentes humanas.
En el frente político, el Ejecutivo mantiene la apuesta de diálogo bajo un esquema socio-jurídico para reducir la violencia en las regiones más afectadas. Las rondas en Catar han contado con acompañamiento internacional y buscan compromisos verificables sobre cese de hostilidades y economías ilícitas. La delegación del EGC ha incluido líderes regionales con injerencia en rutas y rentas.
Las autoridades destacan que los resultados recientes se suman a otros operativos conjuntos contra el Clan en 2025, incluidas detenciones múltiples y neutralizaciones en zonas rurales. La Armada de Colombia reportó también acciones en costas y ríos que golpearon logística de insumos y trasiego. En los expedientes aparece además coordinación financiera con redes en Europa y el Caribe.
Analistas consultados advierten que el timing entre capturas y diálogo crea incentivos cruzados: cada bando busca fortalecer su posición. Para el Estado, demostrar capacidad operativa da “presión negociadora”; para las estructuras criminales, sacrificar fichas puede reordenar mandos o asegurar tratos. El riesgo es que, sin verificación robusta, se reproduzcan violencias por reacomodos territoriales.
Desde el sector empresarial y comunitario en Urabá y Córdoba se pide blindar cualquier acuerdo con metas medibles en reducción de homicidios, extorsión y desplazamiento. Organizaciones civiles solicitan participación de víctimas y controles a economías ilegales. Voces académicas insisten en cerrar brechas territoriales que alimentan el reclutamiento.
En el frente judicial, la Fiscalía tramita solicitudes de cooperación y extinción de dominio sobre activos relacionados con los capturados. La Policía prevé mantener focos operativos en corredores estratégicos y fortalecer trazabilidad financiera para perseguir las cuotas, giros y lavados que sostienen a la organización.
Mientras avanzan las audiencias de imputación y el Gobierno define hoja de ruta para una siguiente ronda en Catar, el expediente sobre delaciones internas seguirá bajo reserva. El desenlace dependerá de si los golpes financieros cambian realmente la capacidad criminal del Clan y de si los compromisos verificables aterrizan en los territorios.
