La congresista pide transparencia en cinco bombardeos en Meta, Cauca y Antioquia
La Cámara de Representantes vivió un debate de control político centrado en las bajas de menores durante operaciones de la Fuerza Pública. La representante Catherine Juvinao aseguró que habrían 42 menores muertos en el actual gobierno: 17 en bombardeos y 25 en enfrentamientos, una cifra que supera los 15 reportados oficialmente por Medicina Legal para los bombardeos recientes. La congresista exigió claridad sobre cinco operaciones de 2023 y 2024 sin información pública completa.
Según Juvinao, los bombardeos sin detalles se registraron en Meta, Cauca y Antioquia. Allí, dijo, “no se sabe cuántas víctimas hubo ni si entre ellas había menores”, y pidió información oficial. Medicina Legal sostiene que 15 menores murieron en operativos desde agosto, pero documentos internos indicarían dos casos adicionales de 2023 y 2024, elevando el conteo a 17 en bombardeos.
La Procuraduría confirmó cinco indagaciones preliminares para verificar el cumplimiento de protocolos del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en esas operaciones. El delegado para Derechos Humanos explicó que se revisará si se aplicaron los principios de precaución y necesidad militar y si hubo fallas de inteligencia o planeación.
El Presidente Gustavo Petro rechazó el llamado de la Defensoría del Pueblo a suspender bombardeos cuando exista riesgo de presencia de menores. En X, afirmó que si se suspenden los bombardeos “los capos reclutarán más niños”, y defendió que su gobierno ha reducido el reclutamiento infantil. El mensaje generó críticas y respaldos, reavivando el debate sobre la táctica militar.
En el conteo de 25 menores muertos en enfrentamientos, Juvinao precisó que los casos se distribuyen entre 2022 y 2024 en departamentos como Arauca, Atlántico, Cauca, Chocó, Valle, Caquetá y Huila. Solicitó un consolidado público y verificable de todas las muertes de niños y adolescentes asociadas a operaciones estatales.
Organismos y expertos piden que, además del balance de bajas, se publiquen evaluaciones de riesgo previas a cada operación y los resultados de verificación posoperativo, con participación de Medicina Legal, ICBF y veedurías independientes, para evitar subregistros y opacidad.
El Ejecutivo, por su parte, sostiene que los bombardeos se realizan bajo reglas del DIH, con inteligencia previa y medidas de mitigación. También resalta que grupos armados, en especial disidencias, usan el reclutamiento forzado como escudo, lo que aumenta el riesgo para la niñez y la población civil.
Casos recientes, como el bombardeo en Guaviare con reporte de siete menores entre las víctimas, intensificaron el escrutinio público y motivaron las nuevas indagaciones de la Procuraduría y de autoridades judiciales. Organizaciones de infancia pidieron moratoria de ataques aéreos cuando existan indicios de presencia de menores.
En el plano internacional, misiones humanitarias recuerdan que Colombia ha suscrito compromisos para prevenir y sancionar el reclutamiento infantil y proteger a NNA en contextos armados. Piden que las fuerzas estatales, sin renunciar a la acción militar, adopten estándares máximos de verificación.
Bancadas independientes respaldaron la petición de transparencia y exigieron una base de datos pública de operaciones con afectaciones a NNA. Sectores oficialistas defendieron la operación militar contra cabecillas y señalaron a las disidencias como principales responsables del riesgo.
A corto plazo, las indagaciones podrían derivar en aperturas disciplinarias o ajustes de protocolos. A mediano plazo, el Congreso estudiará lineamientos legales para procedimientos de alto riesgo con potencial presencia de menores, incluyendo verificaciones previas obligatorias y reportes estandarizados.
El país enfrenta el reto de perseguir a grupos armados sin exponer a niños y adolescentes. La claridad sobre cifras y protocolos será clave para restablecer confianza y prevenir nuevas tragedias.
