Ecopetrol mantiene contrato vigente; analistas piden cautela.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que la primera exportación de gas natural hacia Colombia “ya está lista y en la frontera”. El anuncio reaviva la expectativa por la reactivación del gasoducto binacional Antonio Ricaurte, infraestructura inaugurada en 2007 para integrar los mercados de ambos países. Según Maduro, faltan detalles técnicos para poner en marcha los flujos.
En Colombia, Ecopetrol confirmó que existe un contrato de compraventa y transporte suscrito con PDVSA desde 2007, vigente hasta noviembre de 2027, y que el gasoducto está en “periodo de estabilización” para habilitar envíos hacia territorio colombiano. Pese al pronunciamiento, expertos advierten que la ingeniería, la regulación y el contexto de sanciones siguen marcando el ritmo.
El gasoducto Antonio Ricaurte fue concebido para operar en doble sentido: inicialmente Colombia exportó gas a Venezuela hasta 2015, y luego se planeó invertir el flujo para que Venezuela abasteciera a Colombia. El trazado, de 224 km, se extiende entre La Guajira y Zulia, con una capacidad máxima cercana a 5.000 millones m³/año.
En la coyuntura actual, el gobierno venezolano sostiene que el primer envío está preparado, mientras que medios colombianos señalan que la realidad logística y regulatoria podría retrasar el arranque. Informes de la industria recuerdan que Pdvsa Sucursal Colombia ha proyectado reanudar transporte a partir de diciembre de 2025, sujeto a la recuperación técnica del ducto y a autorizaciones.
Un punto clave son las sanciones de Estados Unidos sobre empresas estatales venezolanas, que condicionan transacciones energéticas y financieras. Voceros del sector subrayan que cualquier flujo comercial requeriría cumplir ese marco y posibles licencias específicas. A su vez, Colombia enfrenta tensiones de oferta por menor exploración y picos climáticos que presionan la demanda térmica.
La planeación energética colombiana evalúa alternativas: importaciones por LNG, aceleración de proyectos costa afuera, mayor eficiencia y reversión técnica del ducto cuando la integridad y la medición lo permitan. El balance costo–beneficio y la seguridad jurídica serán determinantes para que el gas importado compita con otras fuentes.
En el frente social, La Guajira y el área fronteriza concentran expectativas por empleo y recaudación regional. Las autoridades locales han pedido transparencia en tarifas de transporte, estándares ambientales y planes de contingencia.
A nivel internacional, la interconexión gasífera se compara con experiencias de la región donde la capacidad ociosa y las demoras regulatorias ralentizan proyectos. La infraestructura binacional, si se normaliza, podría diversificar la matriz y dar redundancia al sistema colombiano.
Mientras tanto, la narrativa oficial en Caracas insiste en que “todo está listo”. En Bogotá, la consigna es “prudencia técnica”: habilitar el ducto sin comprometer confiabilidad ni incumplir la normatividad.
Gremios y consultoras energéticas piden hojas de ruta públicas con cronogramas, pruebas de integridad de línea, y contratos de firmeza claros para evitar sobrecostos al usuario final. Organizaciones de frontera ven una oportunidad de reactivación económica si el comercio energético se materializa de forma segura y estable.
En el plano político, el anuncio de Maduro reaviva el debate sobre dependencia externa y exploración doméstica. Voces pro-inversión insisten en destrabar proyectos internos de gas, mientras el gobierno impulsa la integración regional como vía para cerrar brechas de oferta.
El gas entre Venezuela y Colombia vuelve al centro del tablero. Si la ingeniería, los permisos y el entorno internacional confluyen, el Antonio Ricaurte podría reabrir un corredor estratégico.
